El Gobierno de Rodrigo Paz puso en marcha una estrategia para los próximos cinco años que combina operaciones contra el narcotráfico, control de cultivos, inteligencia financiera, prevención del consumo y cooperación internacional. Naciones Unidas reportó que Bolivia llegó a 36.400 hectáreas sembradas con coca en 2025.
Bolivia decidió replantear su estrategia contra el narcotráfico justo cuando las cifras vuelven a encender las alarmas.
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobó la Política Antidroga 2026-2030, una hoja de ruta que durante los próximos cinco años buscará reforzar la lucha contra las organizaciones criminales, aumentar el control sobre los cultivos de coca y ampliar la cooperación con otros países y organismos internacionales.
La estrategia llega en momentos en que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló que la superficie cultivada con coca en Bolivia aumentó nuevamente durante 2025.
El país pasó de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025, un incremento del 7 %.
14.400 hectáreas por encima del límite legal
El dato adquiere mayor dimensión al compararse con lo permitido actualmente por la legislación boliviana.
La normativa autoriza hasta 22.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que significa que la superficie registrada en 2025 supera ese límite en aproximadamente 14.400 hectáreas.
Bolivia mantiene una relación particular con esta planta. La hoja de coca tiene usos tradicionales, culturales y medicinales reconocidos en el país, por lo que la estrategia gubernamental no plantea eliminar completamente su producción.
El desafío está en controlar el excedente y evitar que parte de la producción termine alimentando las cadenas ilegales utilizadas para fabricar cocaína.
Chapare vuelve a quedar bajo la lupa
El informe de Naciones Unidas muestra diferencias importantes entre las principales regiones productoras.
Mientras en los Yungas de La Paz los cultivos registraron una reducción, en el Trópico de Cochabamba, conocido también como Chapare, volvieron a aumentar.
En esta última región se contabilizaron 17.471 hectáreas de coca en 2025.
Otro indicador llamó especialmente la atención.
Según los datos presentados este martes, solamente alrededor del 9 % de la producción potencial de coca del Chapare habría pasado por los mercados legales, mientras que en los Yungas esa proporción llegó aproximadamente al 74 %.
La diferencia vuelve a colocar sobre la mesa una de las discusiones más sensibles de la política antidroga boliviana: determinar qué ocurre con la hoja que no llega a los circuitos formales de comercialización.
Nueve frentes para combatir el narcotráfico
La nueva política del Gobierno Paz no estará concentrada únicamente en arrancar cultivos.
El Ministerio de Gobierno explicó que la estrategia se divide en nueve ejes.
Entre ellos están la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales, la interdicción contra el narcotráfico, la inteligencia financiera, el control de sustancias químicas utilizadas para producir drogas, la vigilancia de cultivos de coca y los programas de desarrollo para comunidades productoras.
También contempla prevención y tratamiento del consumo de drogas, fortalecimiento institucional y cooperación internacional.
El Gobierno sostiene que pretende convertir la lucha antidroga en una política integral que combine seguridad ciudadana, salud pública y desarrollo económico, en lugar de limitarla exclusivamente a operaciones policiales.
Cooperación extranjera vuelve a tomar fuerza
Uno de los cambios más importantes está relacionado con la cooperación internacional.
La administración de Rodrigo Paz ha buscado reconstruir vínculos con países y organismos extranjeros para enfrentar el narcotráfico, incluyendo conversaciones con Estados Unidos.
En mayo, autoridades bolivianas anunciaron una nueva etapa de coordinación con la DEA, enfocada en investigaciones sobre financiamiento ilícito, rutas del narcotráfico, logística criminal, precursores químicos y redes de protección.
El Gobierno también mantiene proyectos de cooperación con la Unión Europea destinados a fortalecer las capacidades de la Policía boliviana contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La nueva política 2026-2030 incluye explícitamente la cooperación internacional como uno de sus pilares.
Recursos externos para financiar la estrategia
La participación internacional no será únicamente operativa.
Bolivia también busca recursos externos para financiar programas relacionados con el control de cultivos y el desarrollo económico de las regiones cocaleras.
El Gobierno y la Unión Europea trabajan, por ejemplo, en una nueva Estrategia de Desarrollo Integral con Coca, destinada a generar alternativas económicas y mejorar las condiciones productivas de las familias de esas zonas.
Además, el Ejecutivo boliviano mantiene mecanismos de financiación vinculados a programas europeos contra el tráfico de sustancias controladas y la expansión de cultivos de coca.
No obstante, las autoridades todavía deberán precisar el presupuesto total que requerirá la Política Antidroga 2026-2030 y qué porcentaje será financiado directamente por Bolivia y cuánto provendrá de cooperación internacional.
El potencial de producción preocupa
Los datos de Naciones Unidas muestran además el enorme volumen que podría alcanzar la producción ilegal si toda la hoja cultivada terminara destinada al narcotráfico.
La UNODC estimó que, en un escenario hipotético donde toda la producción de coca de Bolivia se utilizara para elaborar cocaína, el potencial podría alcanzar aproximadamente 427 toneladas métricas.
La cifra disminuye cuando se descuentan los cultivos permitidos legalmente y la hoja que efectivamente pasa por mercados autorizados.
Estos cálculos no significan que Bolivia produzca efectivamente esa cantidad de cocaína, sino que sirven como estimación técnica para dimensionar el potencial existente.
Una estrategia frente a un problema que sigue creciendo
Bolivia no es el único país de la región enfrentando un aumento de cultivos.
El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de Naciones Unidas señala que el cultivo mundial de coca alcanzó niveles históricos, con 385.100 hectáreas registradas en 2024, concentradas principalmente en Colombia, Perú y Bolivia.
El nuevo desafío del Gobierno de Rodrigo Paz será demostrar si la combinación de operaciones policiales, control financiero, cooperación extranjera y programas sociales puede contener una tendencia que continúa creciendo.
La Política Antidroga 2026-2030 ya está aprobada. Ahora vendrá la parte más difícil: reducir los cultivos excedentarios sin desconocer el valor cultural de la hoja de coca, atacar las estructuras criminales que se benefician del narcotráfico y conseguir que la cooperación internacional se traduzca en resultados concretos.
