El impuesto predial seguirá siendo en 2026 uno de los pilares con los que se financian las alcaldías en Colombia. Se calcula a partir del avalúo catastral de cada inmueble y lo asumen propietarios, poseedores, usufructuarios y otras figuras ligadas a la propiedad. Sin embargo, aunque para la mayoría es obligatorio, hay excepciones claras: ciertos predios y algunos contribuyentes pueden quedar totalmente liberados del pago, siempre que cumplan requisitos específicos.
La base general del tributo está en la Ley 44 de 1990, que establece el marco del Impuesto Predial Unificado y delimita cómo pueden cobrarlo los municipios. A partir de ahí, cada concejo municipal define tarifas, descuentos y exenciones, con autonomía para ajustarlos a la realidad socioeconómica local. En otras palabras: la exención existe, pero su aplicación depende del municipio y de los topes que fije cada administración.
De acuerdo con lo explicado por el abogado inmobiliario Rafael Gómez, uno de los grupos que puede no pagar predial en 2026 es el de propietarios de viviendas de estratos 1 y 2, siempre que el avalúo catastral esté por debajo del límite establecido por su municipio. En Bogotá, por ejemplo, ese tope suele ubicarse alrededor de 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la medida apunta a proteger a hogares con menores ingresos cuando el inmueble es de uso exclusivamente residencial.
Otro bloque importante de exenciones corresponde a inmuebles de uso comunitario. En este grupo entran los salones comunales de las Juntas de Acción Comunal, un beneficio respaldado por la Ley 743 de 2002. La condición clave es que el predio se use para reuniones y actividades comunitarias, y que esté debidamente registrado ante la autoridad local.
También se mantienen exentos los predios destinados al ejercicio del culto: templos, casas curales, seminarios y sedes administrativas de confesiones religiosas reconocidas por el Estado. Este tratamiento se sustenta en el Concordato y en convenios vigentes entre el Gobierno y comunidades religiosas.
Finalmente, hay inmuebles que, por su función social, suelen quedar por fuera del cobro: los predios de entidades dedicadas a la gestión del riesgo, asistencia y socorro. Allí se incluyen, según los acuerdos municipales, instalaciones de la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y, en algunos municipios, los cuerpos de bomberos.
La recomendación para 2026 es directa: antes de pagar o reclamar, revise el acuerdo municipal de su ciudad y confirme el avalúo catastral y el uso del predio. En materia de predial, la exención no solo está en la ley: se activa, o no, según las reglas que define cada municipio.
