Subsidio al cesante muestra vulnerabilidad de la clase trabajadora

Desde el pasado 31 de marzo las Cajas de Compensación pusieron en marcha su propuesta del beneficio económico de emergencia para el cesante, el cual busca proteger a los trabajadores que hayan perdido su empleo.

De acuerdo a la reglamentación actual el apoyo económico que reciben los beneficiarios es de $1.755.606 pesos para cada persona en un periodo de tres (3) meses, así como el pago de seguridad social (salud y pensión), y en algunos casos, dada la concurrencia del beneficio con la Ley 1636, la cuota monetaria para el afiliado que tuviera vinculados sus beneficiarios al momento del contrato laboral.

En ese sentido de acuerdo el balance al 17 de abril son 394.000 solicitudes recibidas de las cuales 126.200 han sido postulaciones válidas y se han desembolsado alrededor de $100.000 millones de pesos para cerca de 36.000 personas. En el transcurso de las siguientes semanas se espera atender a cerca de 110.000 postulados.

“Como se menciona en el decreto 488 los beneficios se mantendrán hasta que permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica, y hasta donde permita la disponibilidad de recursos. En estos términos, para las personas que no alcancen a ser beneficiadas en la primera entrega se generarán listas de espera que podrán ser atendidos con recursos del Gobierno Nacional en las condiciones que establezcan o con recursos de las Cajas de Compensación en la medida que los aportes empresariales lo permitan” expresan en el informe presentado por Asocajas (Asociación de Cajas de Compensación Familiar).

Vale la pena destacar que estos subsidios son posibles gracias al valioso aporte que realizan los empresarios del país, recursos que no provienen del presupuesto público. El monto final a destinar para este subsidio dependerá de que no se reduzcan los aportes empresariales.

Clase trabajadora los dinamizadores de la economía

Conforme a estas cifras para Asocajas es evidente que la clase trabajadora vulnerable también requiere un plan de salvamento al igual que LAS empresas, porque las necesidades deben focalizarse también en proteger de los riesgos de la pobreza a millones de colombianos.

Según aproximaciones del DANE, más de medio millón de personas quedarían en situación de desempleo a causa del Estado de Emergencia actual. Cifra que se sumaría a los cesantes que se encontraban en esta condición antes de la emergencia económica y que son potenciales beneficiarios del subsidio de desempleo.

De esta manera, se plantearía un gran desafío para la financiación del beneficio que requeriría recursos adicionales a lo dispuesto por el Sistema de Compensación Familiar, ya que como se manifestó anteriormente los recursos de este fondo son finitos.

“Sin duda, es necesario un plan integral que ayude a la clase trabajadora del país a enfrentar la crisis, y ello implica encontrar estrategias para proteger de los riesgos de la pobreza a millones de colombianos” explican desde la entidad.

Al respecto, el decreto 553, publicado el pasado 15 de abril, dispuso recursos de origen público del Fondo de Mitigación de Emergencias del Gobierno Nacional por alrededor de $200.000 a $230.000 millones para ampliar la cobertura del beneficio de protección al cesante. Es necesario esperar si con los recursos del Estado se varían las condiciones de asignación.

Riesgo de pobreza

La clase trabajadora que devengan entre 1 y 4 salarios mínimos son hogares formales que, en periodos de empleo, adquieren compromisos financieros como créditos de consumo, de vivienda, de vehículo, entre otros. Según datos preliminares del DANE en 2019, el consumo de estos hogares representó el 69% del Producto Interno Bruto. En los últimos 10 años alrededor de 4.000.000 de personas salieron de la situación de pobreza.

“No obstante, este segmento todavía es muy frágil y el grueso de esta población, dada la coyuntura actual, está en serio riesgo de caer de nuevo en esta condición económica. Pero lo que se debe tener en cuenta es que cimentar a esta población es dinamizar la economía, proteger empleos, y reactivar el sector inmobiliario” argumentan desde la entidad que agremia las Cajas de Compensación del país.

De acuerdo con esto, la clase trabajadora emergente son hogares con ingresos entre los $345.000 y $1.000.000, los cuales representan el 76 % de los afiliados a las Cajas de Compensación y que la conforman 18.000.000 de colombianos. Mientras que el 14 % de los afiliados a estas entidades son aquellos hogares que tienen ingresos entre $1.000.000 y $3.000.000, clasificados como clase trabajadora consolidada.

Es por esto que salvar esta clase social, es salvar es proteger la economía a través de un plan de salvamento, teniendo en cuenta que en este segmento se encuentra más de la mitad de la población de país y que lastimosamente no cuenta con salario ni ahorros de reserva ante la situación de cesación laboral para soportar el ingreso de sostenimiento ante la crisis. Aspecto que sin duda expone esta población antes los riesgos inminentes de la pobreza.

La importancia de contar con mecanismos y fuentes que permitan mitigar los riesgos de la población trabajadora, no es un tema menor.

 

Otras acciones

Adicional a la propuesta de medidas como el beneficio de protección al cesante, las agencias de empleo de las Cajas de Compensación se encuentran caracterizando a los diferentes cesantes que se están postulando al subsidio, identificando sus barreras de empleo y realizando ejercicios de gestión empresarial para activar procesos de reconversión productiva y responder a los sectores que se están activando a causa de la crisis.