El presidente colombiano, Iván Duque, firmó este viernes el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, que asciende a 350,4 billones de pesos (unos 90.223 millones de dólares).
El jefe de Estado explicó en Twitter que el presupuesto «prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo».
Al desglosar las partidas, el presidente aseguró que a la educación se destinarán 49,5 billones de pesos (unos 12.745 millones de dólares), mientras que defensa y policía recibirán 42,6 billones de pesos (unos 10.969 millones de dólares).
A salud y protección social le corresponden 41,9 billones de pesos (unos 10.788 millones de dólares); para trabajo fueron destinados 34,7 billones de pesos (unos 8.935 millones de dólares); a hacienda se le asignaron 24,3 billones de pesos (unos 6.257 millones de dólares) y inclusión social y reconciliación, 23,2 billones de pesos (unos 5.973 millones de dólares).
Aunque un Juez de la República le ordenó al presidente suspender el artículo que modifica la Ley de Garantías, a esto se hizo caso omiso ya que Duque también le dio vía libre a la modificación de la Ley de Garantías aprobada en el Congreso.
Sectores políticos consideran que con la modificación de esa ley los alcaldes y gobernadores pueden «hacer política», es decir hacer contrataciones innecesarias en época de elecciones y con ello influir en el equilibrio entre los aspirantes al Congreso o a la Presidencia.
Hace pocos días el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó abstenerse de aplicar la modificación hecha a la Ley de Garantías para proteger «los derechos al debido proceso, igualdad e imparcialidad en el proceso electoral».
Al respecto, Duque ha asegurado que un juez de la República no podía decirle qué objetar y qué no, algo que iría en contra de la Constitución.
