La promesa del presidente electo Abelardo De La Espriella de erradicar la corrupción y la evasión fiscal ha vuelto a poner sobre la mesa dos de los problemas estructurales que más afectan las finanzas públicas y la confianza ciudadana en Colombia. Aunque distintos gobiernos han impulsado reformas y estrategias para combatir estos fenómenos, ninguno ha logrado eliminarlos por completo.
Expertos coinciden en que tanto la corrupción como la evasión tributaria representan pérdidas multimillonarias para el Estado y requieren transformaciones institucionales de largo plazo, más allá de las medidas que pueda adoptar un solo gobierno.
Colombia sigue rezagada en los índices de transparencia
Uno de los principales indicadores internacionales sobre la materia es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, que en su medición de 2025 otorgó a Colombia 37 puntos sobre 100, ubicando al país en el puesto 99 entre 182 naciones evaluadas. La calificación refleja que la corrupción continúa siendo uno de los principales retos para el fortalecimiento institucional.
En su informe, Transparencia Internacional advirtió que los avances sostenibles solo son posibles mediante reformas profundas.
«La corrupción no es inevitable. Los países que han mejorado sus resultados lo han hecho gracias a esfuerzos sostenidos de los líderes políticos y de las instituciones para implementar reformas legales e institucionales de amplio alcance», señala la organización.
¿Cuánto le cuesta la corrupción al país?
Determinar el costo real de la corrupción continúa siendo uno de los mayores desafíos debido a la diversidad de metodologías utilizadas por organismos de control y centros de investigación.
El economista Hernando Zuleta, decano de Economía de la Universidad de los Andes, recordó que durante la administración del entonces contralor Edgardo Maya (2014-2018) se estimaba que la corrupción ocasionaba pérdidas cercanas a 60 billones de pesos anuales, aunque aclaró que estas cifras pueden variar dependiendo de los criterios utilizados para su cálculo.
Por su parte, la Contraloría General de la República ha señalado en diferentes informes que la corrupción impacta de manera directa sectores como infraestructura, salud, contratación pública y regalías, afectando la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
La evasión fiscal también representa pérdidas millonarias
Otro de los compromisos anunciados por De La Espriella es combatir la evasión tributaria, un fenómeno que sigue reduciendo significativamente los ingresos del Estado.
Según estimaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la evasión del IVA y del impuesto sobre la renta representa pérdidas cercanas a 80 billones de pesos al año, recursos que podrían destinarse a inversión social e infraestructura si fueran efectivamente recaudados. En los últimos años, la entidad ha fortalecido la facturación electrónica, el intercambio internacional de información y los sistemas de fiscalización para reducir estas cifras.
Un reto que ha enfrentado cada gobierno
Durante las últimas décadas, distintos presidentes han impulsado estrategias anticorrupción, reformas tributarias, sistemas de contratación electrónica y mecanismos de control fiscal. Sin embargo, especialistas coinciden en que los resultados han sido limitados debido a factores como la debilidad institucional, la impunidad, la complejidad de las redes de corrupción y la falta de continuidad en las políticas públicas.
El desafío del nuevo gobierno
Abelardo De La Espriella ha manifestado que uno de los ejes de su administración será atacar las finanzas de la corrupción y reducir la evasión de impuestos para aumentar los recursos del Estado sin recurrir a nuevas cargas tributarias.
No obstante, analistas advierten que cumplir esa promesa exigirá fortalecer los organismos de control, modernizar la administración pública, incrementar la capacidad de fiscalización de la DIAN, acelerar los procesos judiciales por corrupción y garantizar una mayor transparencia en la contratación estatal.
Las cifras actuales muestran que tanto la corrupción como la evasión siguen representando desafíos estructurales para Colombia. Su reducción dependerá no solo de decisiones del Ejecutivo, sino también de la coordinación entre las entidades de control, la justicia, el Congreso y la sociedad civil, en un esfuerzo sostenido que, hasta ahora, ningún gobierno ha logrado consolidar plenamente.
