El debate sobre el porte legal de armas volvió al centro de la discusión nacional luego de que el presidente Abelardo de la Espriella firmara el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, mediante el cual se levanta la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego en Colombia.
La medida no significa que cualquier ciudadano pueda portar un arma de manera automática. El Gobierno mantiene los requisitos, controles y permisos establecidos por las autoridades competentes y contemplados en el Decreto Ley 2535 de 1993.
¿Qué busca la medida?
Según el Gobierno, la decisión busca garantizar que los ciudadanos que cumplan las condiciones legales puedan acceder a los permisos, en medio de una estrategia que también plantea enfrentar con mayor contundencia a los grupos armados ilegales.
La determinación ha generado respaldo y críticas. Mientras sectores políticos como la exsenadora María Fernanda Cabal calificaron la decisión como positiva y defendieron el derecho de los ciudadanos a protegerse y defender a sus familias, otras voces han advertido sobre los riesgos de una mayor circulación de armas en medio de situaciones de intolerancia y violencia.
Preocupación por la intolerancia
En las calles de Pereira, el anuncio tampoco pasó inadvertido. Para algunos ciudadanos, permitir nuevamente el acceso a permisos de porte podría convertirse en un factor de riesgo frente a las discusiones cotidianas.
Julio César Castrillón fue contundente al expresar su desacuerdo con la medida y defendió que las armas permanezcan bajo el control de las instituciones del Estado.
“Un civil armado es un peligro en potencia, porque cualquier intolerancia que tenga puede sacar el arma”.
Para Castrillo, las armas deben estar principalmente en manos de la Policía y el Ejército Nacional, al considerar que una discusión o un conflicto aparentemente menor podría terminar en una agresión grave si alguna de las personas involucradas está armada.
Una posición similar expresó Nibelson Carabalí Novoa, quien manifestó preocupación por la posibilidad de que la decisión pueda generar escenarios de violencia.
A su juicio, cuando una persona tiene un arma a su alcance aumenta el riesgo de que una discusión termine en una tragedia.
“Cualquier intolerancia, cualquier discusión, lo primero que vamos a echar en manos es el uso de esas armas”.
Carabalí, incluso manifestó temor de que Colombia pueda regresar a escenarios de violencia que durante décadas marcaron al país.
“Todo el mundo se arma”
Francisco Alberto Henao Torres también cuestionó la decisión y resumió su preocupación en una frase: “A Colombia se lo va a llevar el que lo trajo”.
Para este ciudadano, levantar la suspensión podría generar una especie de carrera por armarse entre particulares y terminar alimentando una lógica de confrontación.
“Eso ya es que todo el mundo se arme y la ley del todos contra todos”.
Pero no todos los ciudadanos consultados rechazaron completamente la posibilidad de que una persona pueda acceder legalmente a un arma.
Luis Arturo Hurtado planteó una posición intermedia. Consideró que contar con un arma podría ser útil para la defensa personal, pero también expresó preocupación porque la medida pueda terminar facilitando escenarios de violencia.
“Por un lado, bien. Y por el otro, se arma todo mundo”.
Por eso, ante la pregunta de si está de acuerdo o no con la decisión presidencial, su respuesta fue clara: “50-50”.
Un debate que apenas comienza
La discusión nacional queda ahora planteada entre dos posiciones: quienes consideran que los ciudadanos que cumplen la ley deben tener la posibilidad de acceder a mecanismos legales de defensa y quienes advierten que una mayor disponibilidad de armas puede aumentar el riesgo de que conflictos cotidianos terminen en hechos violentos.
El Gobierno insiste en que no se trata de entregar armas indiscriminadamente, sino de levantar la suspensión general y permitir el trámite de permisos bajo los requisitos establecidos por la ley.
Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta para que los ciudadanos puedan defenderse dentro de la legalidad, en la capital risaraldense queda sobre la mesa una pregunta que divide opiniones: ¿más ciudadanos legalmente armados significan mayor capacidad de defensa o mayor riesgo de que la intolerancia termine en tragedia?
