Girley Ordóñez Bowie aseguró que su administración mantendrá una postura firme frente a posibles hechos de corrupción, mientras busca atender las dificultades financieras y las fallas que afectan al sistema de salud del Archipiélago.
La gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, se refirió a dos de los principales problemas que enfrenta actualmente el departamento: las denuncias relacionadas con posibles hechos de corrupción y la compleja situación del sistema de salud.
La mandataria aseguró que su administración no está dispuesta a permitir irregularidades en el manejo de los recursos públicos y dejó clara su posición frente a cualquier conducta que pueda afectar las finanzas o los servicios destinados a los habitantes del Archipiélago.
“No lo vamos a tolerar”, fue el mensaje de la gobernadora al referirse a las situaciones que están bajo revisión de las autoridades.
Una situación financiera que preocupa
La administración departamental ha advertido que recibió unas finanzas con un margen de maniobra limitado. De acuerdo con un balance presentado en septiembre, durante el primer semestre de 2026 se había comprometido más del 90 % del presupuesto, dejando pocos recursos disponibles para atender las necesidades del departamento durante los últimos meses del año.
La Gobernación también informó que esta situación podría afectar la continuidad de algunos programas sociales y servicios esenciales.
Entre las necesidades identificadas se encuentra la continuidad del servicio de alimentación para más de 600 adultos mayores, además de recursos para garantizar el funcionamiento de áreas relacionadas con la salud pública.
La administración departamental presentó ante la Asamblea un proyecto de traslados presupuestales con el objetivo de conseguir recursos para cubrir programas prioritarios hasta el cierre de 2026.
La salud, uno de los mayores retos
El sector sanitario atraviesa uno de los momentos más delicados. La Gobernación ha reconocido dificultades relacionadas con la prestación de servicios y la infraestructura del principal hospital del departamento, el Clarence Lynd Newball Memorial Hospital.
Recientemente, parte del cielo raso del área de reanimación del centro asistencial colapsó, situación que llevó a las autoridades a realizar una inspección y plantear intervenciones para recuperar ese espacio bajo condiciones de seguridad.
La revisión no se limitará al lugar donde ocurrió el incidente. La administración departamental anunció que también analizará otras áreas del hospital, entre ellas pediatría y algunos espacios de observación, ante la posibilidad de que presenten problemas similares.
Uno de los factores identificados está relacionado con el deterioro de la infraestructura. Según la Secretaría de Infraestructura, el sistema de aire acondicionado tipo chiller lleva varios años fuera de funcionamiento y existen problemas de humedad y filtraciones que han afectado los materiales ubicados sobre los cielos rasos.
La gobernadora pide revisar las cuentas
El panorama financiero también ha obligado a la administración a revisar compromisos adquiridos y la ejecución presupuestal.
En declaraciones anteriores, Ordóñez Bowie señaló que el departamento enfrenta además embargos judiciales sobre algunas cuentas y dificultades relacionadas con el recaudo de recursos propios y las transferencias nacionales.
Ante este escenario, el Gobierno departamental ha planteado la necesidad de revisar las cuentas y determinar cuáles son las obligaciones que deben ser atendidas de manera prioritaria.
La gobernadora ha insistido en que la administración debe recuperar la confianza de los habitantes y garantizar que los recursos públicos sean destinados a resolver las necesidades de la población.
Corrupción, bajo la lupa
Las declaraciones de Ordóñez se producen en un momento en el que diferentes entidades del Estado han reforzado sus controles sobre el manejo de recursos públicos en materia de salud y contratación.
La mandataria ha planteado que cualquier irregularidad encontrada durante la revisión de la administración deberá ser puesta en conocimiento de las autoridades competentes.
Por ahora, los señalamientos sobre posibles actos de corrupción deben ser tratados como presuntas irregularidades mientras avanzan las investigaciones correspondientes y se determina si existen responsabilidades administrativas, fiscales o penales.
La gobernadora, quien asumió el cargo en julio tras las elecciones atípicas realizadas en el Archipiélago, enfrenta así uno de sus principales desafíos al frente del departamento: recuperar capacidad financiera mientras busca responder a una crisis sanitaria que tiene efectos directos sobre los habitantes de San Andrés y Providencia.
