¿Son elevadas las penas en Colombia?

Marcela Arboleda Arias

En los 16 años de vigencia de la ley 599 de 2000, los delitos y las penas han variado de forma notoria. Las diversas transformaciones tienen dos tipos de manifestaciones: el endurecimiento punitivo y la ampliación del espectro de control penal. El primero hace referencia al aumento de la duración de las penas (tiempo mínimo y máximo). La ampliación del espectro del control penal, tiene que ver con la formulación y creación de nuevos tipos y de las circunstancias específicas de agravación punitiva.

“Hay condenas abiertamente desproporcionadas, precisamente por la tendencia del Congreso a aumentar las penas de manera casi indiscriminada cada vez que ocurre alguna noticia o fenómeno de opinión pública. Con la investigación del Ministerio se evidenció que hay unas penas muy altas que superan los 60 años, no obstante, el Código Penal indicó que esa debía ser la máxima”, dijo Juan Sebastián Hernández, investigador de la línea del Sistema Judicial Dejusticia.

Así pues, de manera paulatina se han realizado modificaciones que han aumentado el límite máximo de la pena en Colombia, por ejemplo hasta 1979 la pena más alta en nuestro país era de 24 años; de 1980 a 1999 la duración de la pena mayor se amplió a 30 años; con la vigencia de la ley 599 de 2000 llegó a 40 años; con la ley 890 de 2004 pasó a 50 años. En la actualidad la pena máxima en nuestro país es de 60 años.

El informe del Ministerio de Justicia indica “en 80 años la duración máxima de una sanción penal en Colombia se ha incrementado en un 150 %. Si se contrasta la duración máxima de las sanciones con la esperanza de vida de la población, se hace evidente la existencia de la posibilidad legal de la imposición de una sanción penal que supere la expectativa de vida y, por tanto, se constituya en una especie de prisión perpetua de facto”.

La proporcionalidad

En teoría, el principio de la proporcionalidad hace referencia a que la duración e intensidad de la pena debe ajustarse y corresponder a la gravedad del delito. “Toda pena debe responder a la trascendencia y al daño causado, pero debe ser proporcional al efecto generado. Existen ciertos delitos que han sido una preocupación de seguridad ciudadana en la opinión pública al punto de que el Congreso, ha empezado a aumentar penas pretendiendo reducir la ocurrencia de delitos; los entes paradigmáticos de eso son el delito de porte de armas y los de droga que han tenido aumentos punitivos de manera reiterada, y es que las condenas se acercan mucho a sentencias como si hubieran cometido homicidio, cuando éste es más grave que el porte ilegal de armas”, explicó el investigador de la línea del Sistema Judicial Dejusticia.

Por otro lado, uno de los delitos que existen en Colombia es la inducción a la prostitución o el constreñimiento a la prostitución. El primero es convencer a alguien a que se prostituya y el segundo es forzarlo para que lo haga. En una reforma aumentaron la pena a la inducción y no al constreñimiento a la prostitución, siendo más grave el segundo que el primero, aquí se evidencia una dificultad técnica legislativa.

El problema de la proporcionalidad de las penas es que hay muchos delitos que han tenido aumentos reiterativos que desfiguran cualquier proporcionalidad, por ejemplo, los delitos de drogas tienen condenas asimilables a crímenes como el acceso carnal violento o el homicidio,  éstos dos últimos son mucho más graves que vender estupefacientes.

Finalmente, una de las consideraciones que deberían estar de ‘entrada’ es que si la finalidad de privar de la libertad a alguien es resocializarlo, las penas apunten a ello, es decir, si hay penas tan largas es porque su conducta delictiva necesita una resocialización más intensa.

¿Una confusión?

De acuerdo a la Constitución y a lo que ha expresado la Corte Constitucional en varias ocasiones, la finalidad de la privación de la libertad debe ser la resocialización. Esto implica que la privación de la libertad debe ofrecerle a la persona un tratamiento penitenciario y postpenitenciario que le permita volver a vivir en libertad sin recaer en cometer conductas delictivas.

Sin embargo, según Hernández, el Congreso ha legislado bajo la idea de que al aumentar las penas, va a disuadir los actos delictivos; ha maximizado el uso de la privación de la libertad como una estrategia de seguridad. “Un poco la idea de sacar de circulación, el mayor tiempo posible a las personas que cometen delitos para ‘asegurar’ el que no haya peligro en las calles”, aseveró Hernández.

No obstante, al querer ‘asegurar’ a la ciudadanía, se evidencia el hacinamiento en todas las cárceles del país; en Pereira por ejemplo, hasta principios del mes de octubre del año pasado, habían 1292 presos en una cárcel que tiene una capacidad para 676 reclusos.

La resocialización queda como una actividad tercería en el modelo penitenciario que prioriza aumentar penas sin ofrecer un programa que reeduque la conducta.

Dato

Los cinco delitos más representativos de la población privada de la libertad son: hurtos de baja cuantía, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; porte de armas y homicidio

Debilidad de la medidas alternativas

El sistema penal desde hace algunas décadas se ha concentrado en aumentar el uso de la privación de la libertad, pero existen otras medidas de las que dispone el sistema y que son poco utilizadas. Una de las penas que pueden reemplazar la detención preventiva (porque ésta no es la única que sirve para evitar los riesgos como fuga, obstrucción a la justicia o el peligro para la sociedad) es la vigilancia electrónica, también está la caución (pago de un dinero para asegurar que no va a comparecer en el proceso) y la vigilancia judicial, es decir, que se reporte periódicamente al juzgado para mostrar su compromiso con el proceso.

Así mismo, existen medidas alternativas parciales (que solo reemplazan parte de la privación de la libertad) como la libertad condicional, prisión domiciliaria, libertad y franquicia reparatoria (se utiliza poco y es cuando una persona privada de la libertad tiene permiso para salir a trabajar).

Imposición de penas perpetuas

Así no esté consagrada, en Colombia existe la pena perpetua, es decir, la condena máxima en nuestro país es de 60 años. Si un joven de 18 años comete un delito tan grave y recibe la pena máxima, saldría a los 78 años, y la expectativa de vida de los colombianos es de 73 años. Así pues, el país está siguiendo la tendencia norteamericana, y es que Estados Unidos tiene la población carcelaria más grande del planeta, pues ha dado cadena perpetua a personas que cometieron tres delitos en tres ocasiones diferentes.

Debilidad de la medidas alternativas

El sistema penal desde hace algunas décadas se ha concentrado en aumentar el uso de la privación de la libertad, pero existen otras medidas de las que dispone el sistema y que son poco utilizadas. Una de las penas que pueden reemplazar la detención preventiva (porque ésta no es la única que sirve para evitar los riesgos como fuga, obstrucción a la justicia o el peligro para la sociedad) es la vigilancia electrónica, también está la caución (pago de un dinero para asegurar que no va a comparecer en el proceso) y la vigilancia judicial, es decir, que se reporte periódicamente al juzgado para mostrar su compromiso con el proceso. 

Así mismo, existen medidas alternativas parciales (que solo reemplazan parte de la privación de la libertad) como la libertad condicional, prisión domiciliaria, libertad y franquicia reparatoria (se utiliza poco y es cuando una persona privada de la libertad tiene permiso para salir a trabajar).