Directora del ICBF denuncia amenazas de muerte y lleva el caso ante la Fiscalía

María Carolina Restrepo aseguró que recibió mensajes a través de redes sociales que, según su denuncia, pasaron de las críticas a referencias sobre su ubicación y posibles acercamientos. La funcionaria pidió identificar a los responsables.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera, acudió ante la Fiscalía General de la Nación para denunciar una serie de mensajes que considera amenazas contra su integridad y solicitar que se establezca quiénes están detrás de ellos.

De acuerdo con la información conocida, la funcionaria puso el caso en conocimiento del ente investigador el 1 de octubre, luego de recibir publicaciones y mensajes en redes sociales que, según su denuncia, fueron más allá de las críticas relacionadas con su gestión al frente de la entidad.

Restrepo solicitó que se investigue a tres perfiles de redes sociales por los presuntos delitos de amenazas contra servidores públicos e injuria. Entre los elementos entregados a las autoridades se encuentran publicaciones realizadas en Facebook y X.

Uno de los aspectos que generó preocupación para la directora del ICBF fue que algunas publicaciones hicieron referencia a su ubicación en el aeropuerto de Cali, a finales de septiembre, además de mensajes en los que se hablaba de la posibilidad de acercarse personalmente a ella. Para Restrepo, este tipo de contenidos habría superado los límites propios de una discusión política.

El antecedente de la controversia

Los mensajes se conocieron después de la participación de Restrepo en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, el pasado 22 de septiembre, en medio de las discusiones relacionadas con el presupuesto y los cambios que adelanta el ICBF en algunos de sus programas.

La funcionaria ha estado en el centro de diferentes discusiones públicas por las transformaciones planteadas dentro del Instituto. Sin embargo, ahora serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar si los mensajes denunciados constituyen conductas delictivas y quiénes serían los responsables.

Por el momento, la denuncia ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar las verificaciones correspondientes y determinar las acciones que procedan frente a los hechos denunciados.

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