Entre los años 2019 y 2022, la Unidad Nacional de Protección (UNP) recibió 114,703 solicitudes de medidas de protección de personas y comunidades. De estas solicitudes, solamente 39,299 casos fueron objeto de evaluación, y de estos, se asignaron medidas a 10,459, lo que representa un 9,1% de las solicitudes totales y un 26,6% de las evaluadas, según un estudio sectorial realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad.
La Contraloría informa que de las 114,703 solicitudes de protección presentadas ante la UNP durante ese período, solo 24,373 (21,2%) comenzaron el proceso de asignación de medidas. Según la entidad, esto se debe en gran parte a que la mayoría de las solicitudes no cumplen con los requisitos necesarios, como la acreditación de pertenencia a uno de los grupos poblacionales que pueden ser beneficiarios de protección individual o colectiva.
“Algunas solicitudes no corresponden a las competencias de la UNP y son trasladadas a otras instituciones, como la Policía Nacional; o también se presentan casos donde el solicitante no autoriza la realización de la evaluación de riesgo”, explicó el máximo órgano de control fiscal del Estado.
Según el estudio sectorial de la Contraloría, entre 2021 y 2022, la Unidad Nacional de Protección (UNP) gastó un total de 1,9 billones de pesos en la implementación de medidas de protección. Esto representó el 63,5% del presupuesto ejecutado por la entidad durante ese período. Los gastos se distribuyeron principalmente en el pago de personal de escoltas, que sumó 1,08 billones de pesos, y el alquiler de vehículos, que alcanzó los 644,653 millones de pesos. Además, se destinaron 29,258 millones de pesos para apoyos relacionados con el transporte y la reubicación de las personas protegidas.
En cuanto a las cifras de 2022, el informe señala que 8.014 personas fueron beneficiarias de medidas de protección, destacando las comunidades indígenas y afrocolombianas con el mayor número de beneficiarios. Les siguen los defensores de derechos humanos y líderes sociales, desmovilizados en proceso de reintegración, alcaldes y senadores y representantes a la Cámara.
De acuerdo con el informe, en el año 2022, un total de 8,014 personas se beneficiaron de medidas de protección. Entre estas personas, destacaron las comunidades indígenas y afrocolombianas, ya que fueron las dos poblaciones con el mayor número de beneficiarios, alcanzando un total de 1,591 personas protegidas, según la información proporcionada por la entidad.
A estas comunidades indígenas y afrocolombianas les siguieron en número de beneficiarios:
- 1,220 defensores de derechos humanos y líderes sociales.
- 473 desmovilizados en proceso de reintegración a la vida civil.
- 324 alcaldes.
- 298 senadores y representantes a la Cámara.
Entre 2021 y 2022, se asignaron en promedio $374 millones anuales para proteger a un congresista. En contraste, se destinaron en promedio $124.5 millones por año para proteger a un defensor o líder social. Finalmente, en el caso de las comunidades indígenas y afrocolombianas, el costo anual promedio fue de 103.4 millones de pesos. Estas diferencias en los costos reflejan las diversas necesidades y niveles de riesgo experimentados por estos grupos poblacionales en relación con la implementación de medidas de protección.
“Los altos funcionarios del Estado (congresistas, magistrados, ministros, etc.) tienen las medidas de mayor importancia, entre ellas vehículos blindados y escoltas, conocidas como medidas duras.Mientras que los grupos cuya protección depende de la valoración del riesgo realizada por la UNP –como defensores, líderes sociales y comunidades étnicas–, cuentan, en la mayoría de los casos, con medidas blandas que primordialmente incluyen equipos de comunicación y chalecos antibalas”, señaló la Contraloría.
El estudio también puso de manifiesto que ciertos grupos poblacionales enfrentan un alto porcentaje de casos con riesgo extraordinario y extremo para su vida e integridad. Entre estos grupos se encuentran:
- Testigos de violaciones a los derechos humanos, con un 96.9% de las valoraciones efectuadas a esta población identificadas como de alto riesgo.
- Antiguos integrantes de la Unión Patriótica, con un 92.3% de casos de alto riesgo.
- Desmovilizados en proceso de reintegración, con un 83.6% de casos de alto riesgo.
- Profesionales que intervienen en procesos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos, con un 82.4% de casos de alto riesgo.
Estos hallazgos indican que debido al nivel extremo de riesgo que enfrentan, estos grupos poblacionales requieren un mayor nivel de seguridad y protección.
Además, a nivel territorial, se identificaron los departamentos con una alta proporción de casos con riesgo extraordinario y extremo, entre los que se destacan:
- Arauca, con un 84.4% de las valoraciones realizadas en ese departamento calificadas como de alto riesgo.
- Guaviare, con un 82.9% de casos de alto riesgo.
- Nariño, con un 79.4% de casos de alto riesgo.
- Chocó, con un 78.9% de casos de alto riesgo.
- Cauca, con un 76.4% de casos de alto riesgo.
“Estas zonas registran los mayores niveles de amenaza, y allí continúan graves hechos de violencia por parte de los grupos armados ilegales y la delincuencia común”, se lee en el informe.
El estudio llega a la conclusión de que si bien la información proporcionada por el Ministerio del Interior y la UNP refleja el cumplimiento de acciones establecidas en normas y planes, al contrastar esta información con las cifras de violencia contra los defensores y líderes sociales, se hace evidente que las acciones realizadas por estas entidades no han logrado mejorar los niveles de seguridad de esta población.
“Los resultados de la evaluación cuestionan la validez del diseño institucional definido en la norma, el cual requiere simplicidad, especialización y claridad en las responsabilidades de las entidades, así como un enfoque orientado a resultados”, concluyó órgano de control.
