Dos proyectos radicados en la actual legislatura buscan eliminar los llamados impuestos saludables, mientras organizaciones de salud defienden estas medidas como una herramienta para reducir el consumo de productos de bajo valor nutricional.
El debate sobre los impuestos a los alimentos ultraprocesados regresó al Congreso de la República, donde avanzan iniciativas que plantean eliminar el gravamen aplicado a determinados productos con altos contenidos de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.
Uno de los proyectos, radicado el 20 de julio de 2026, propone derogar directamente el impuesto a los productos comestibles ultraprocesados y argumenta que la medida permitiría reducir el impacto sobre el precio de la canasta básica, especialmente para los hogares de menores ingresos. La iniciativa fue presentada por los representantes Nicolás Antonio Barguil Cubillos y David Alejandro Barguil Assis.
A esta propuesta se sumó otro proyecto, radicado en agosto, que plantea eliminar tanto el impuesto a los alimentos ultraprocesados como el aplicado a las bebidas ultraprocesadas azucaradas. Sus autores sostienen que la derogatoria contribuiría a aliviar el costo de la alimentación para los hogares de menores ingresos y proteger el comercio popular.
Una discusión que viene desde 2021
La controversia no es nueva. Colombia comenzó a implementar una política de advertencias nutricionales con el etiquetado frontal y posteriormente incorporó impuestos a productos considerados perjudiciales para la salud.
El impuesto a los productos ultraprocesados fue establecido mediante la reforma tributaria de 2022 y comenzó a aplicarse progresivamente desde noviembre de 2023. La tarifa inicial fue del 10 %, con incrementos posteriores previstos por la legislación.
Quienes respaldan su eliminación aseguran que el gravamen termina aumentando el precio de productos consumidos por sectores de menores ingresos y puede contribuir al encarecimiento de la canasta familiar.
En la otra orilla, organizaciones como Red PaPaz defienden la permanencia de los impuestos saludables y sostienen que el incremento de precios puede contribuir a disminuir el consumo de estos productos. La organización también ha cuestionado los intentos recurrentes de eliminar la medida y ha advertido sobre la influencia de intereses económicos en la discusión legislativa.
El debate, por ahora, se concentra en las comisiones del Congreso. El proyecto 012 de 2026 figura en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, mientras que la iniciativa 201 de 2026 también plantea la derogatoria de los impuestos saludables.
Así, el Congreso deberá definir si mantiene una política tributaria diseñada para desincentivar el consumo de determinados productos o si opta por desmontarla bajo el argumento de reducir los costos que enfrentan los hogares colombianos.
