En medio del operativo de las autoridades para ubicar a Fredy Castillo Carrillo, conocido con el alias de ‘Pinocho’ y señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), se conoció una acción de tutela presentada por el propio señalado criminal y por su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’.
La solicitud judicial busca la protección de varios derechos fundamentales que, según los accionantes, estarían siendo vulnerados por actuaciones del Gobierno Nacional. Entre los derechos mencionados aparecen el debido proceso, el derecho a la defensa, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad personal, la igualdad, el acceso a la administración de justicia y el derecho a la paz.
La tutela está relacionada con varias decisiones adoptadas por el Gobierno en las últimas semanas: las resoluciones 348 y 349 del 28 de agosto de 2026, así como las resoluciones ejecutivas 353 y 354 del 2 de septiembre.
Sin embargo, el Consejo de Estado decidió no asumir el estudio de fondo de la acción constitucional al considerar que no tenía competencia para tramitarla en primera instancia. Por esta razón, ordenó remitir el expediente a los jueces correspondientes.
De acuerdo con la decisión conocida, las tutelas dirigidas contra autoridades, organismos o entidades públicas del orden nacional deben ser conocidas inicialmente por los jueces del circuito. Esto incluye acciones relacionadas con actuaciones del presidente de la República.
Es importante precisar que la determinación del Consejo de Estado no significa que la tutela haya sido negada, ni que se haya establecido que no hubo vulneración de derechos. La decisión se limitó a determinar qué autoridad judicial tiene competencia para estudiar inicialmente las pretensiones de los accionantes.
La tutela, en medio de la ofensiva contra ‘Pinocho’
El trámite judicial se conoce mientras las autoridades mantienen la búsqueda de Fredy Castillo Carrillo, quien es señalado de liderar las ACSN y tiene una orden de extradición pendiente hacia Estados Unidos, según reportes judiciales.
El caso tomó mayor relevancia después de que ‘Pinocho’ manifestara públicamente su disposición a entregarse a la justicia, aunque condicionó esa decisión a la existencia de garantías jurídicas y pidió la creación de una ley de sometimiento que establezca las condiciones y consecuencias de su eventual entrega.
Ante esas declaraciones, el Gobierno Nacional respondió que cualquier eventual sometimiento deberá hacerse mediante los mecanismos establecidos en la ley. El Ministerio de Justicia señaló que no habrá acuerdos por fuera de la Constitución y que quienes decidan someterse deberán responder ante las autoridades competentes.
Ahora, mientras continúa el despliegue de las autoridades para localizarlo, la tutela deberá ser estudiada por el despacho judicial al que sea remitida, que tendrá que determinar si existe o no alguna vulneración de los derechos alegados por los accionantes.
