Colombia es un país donde las personas LGTBIQ+ padecen un «alto nivel de desprotección», ya que las violaciones de sus derechos humanos son recurrentes y hay «un alto índice de normalización y de complicidad social», denunció este miércoles la organización Caribe Afirmativo.
Durante la presentación en Cartagena de Indias del «Informe sobre la situación de los derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Colombia 2022», el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda explicó que «Colombia es un país donde se exacerba la violencia contra las personas LGTBIQ+».
«En Colombia se mantiene un alto número de casos de homicidio, feminicidio, amenazas, hostigamiento y violencia policial que siguen haciendo que nuestro país sea el tercero de América Latina después de Brasil y de México con mayor ocurrencia de estos hechos», dice.
Según Castañeda, «la vida cotidiana está demostrando que en Colombia es muy difícil construir un proyecto de vida siendo gay, lesbiana, bisexual o trans porque la violencia cotidiana es contundente».
El informe señala que «las violaciones de derechos humanos se siguen legitimando, justificando y siguen ocurriendo frente a la mirada omisiva de la justicia» y asegura que «2022 fue un año marcado con violencias sistemáticas contra las personas LGTBIQ+».
Dichas formas de violencia «se perpetraron en razón de prejuicios sociales asociados con las orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género diversas de las víctimas, especialmente contra quienes ejercen trabajo sexual o adelantan procesos de liderazgo o defensa de los derechos humanos».
LAS CIFRAS
La organización Caribe, destaca en el documento que hubo registro y conocimiento de 5.501 casos de violaciones de derechos humanos relacionados con homicidios, feminicidios, violencia policial, amenazas, actos de discriminación y hostigamiento hacia esta población.
Entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2022, fueron asesinadas 145 personas LGBTIQ+. Esta cifra indica que, aproximadamente, cada dos días y medio, la violencia acabó con la vida de una persona con una orientación sexual o identidad de género diversa. Si bien se presentó una reducción del 29% frente a los 205 casos reportados en 2021, “siguen siendo alarmantes los altos índices de afectaciones a la vida e integridad personal de personas LGBTIQ+”, afirma el reporte.
De las 145 víctimas de homicidios y feminicidios, 47 fueron hombres gais (32%), 14 corresponden a mujeres lesbianas (9,6%), diez a hombres bisexuales (6,8%), cuatro a mujeres bisexuales (2,75%), 49 a personas con experiencias de vida trans (17,24% equivalente a 25 hombres trans y 24 mujeres trans, 16,55%), 15 a personas con otras identidades (11%) y seis a casos en las categorías “sin especificar” (4,13%).
Los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca son los que más registraron casos de homicidios y feminicidios para el 2022. Se presentaron 24 víctimas en Antioquia y 25 en el Valle del Cauca. Caribe Afirmativo también reporta que se registraron 110 casos de tentativas de homicidios y feminicidios en el territorio nacional. No obstante, para la organización “resulta muy preocupante que, de departamentos como Amazonas y Guainía, no se obtenga información alguna, y de otros como Vichada y Vaupés solo se tenga conocimiento de tres casos de violencias en cada territorio”.
El informe también advierte que pese a que la Fiscalía General de la Nación asegura que «existe un avance en el esclarecimiento que alcanza el 51,31 % de los casos de homicidios y feminicidios contra personas LGBTIQ+ ocurridos entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2022», la realidad es que el 74 % de estos casos se encuentra solo en etapa de indagación.
Según el estudio, esto demuestra que la sociedad colombiana continúa muy arraigada a los prejuicios asociados con las Osigeg (orientación sexual, identidad de género y expresión de género) diversas, lo que se exterioriza en violaciones de derechos humanos, por lo que considera de «imperiosa necesidad la aplicación del enfoque de género desde una perspectiva LGBTIQ+ en las investigaciones judiciales».
Recomienda además que el Estado colombiano comunique a la población en general y a las instituciones un mensaje de rechazo contundente a la violencia que se ejerce contra las personas LGBTIQ+.
Finalmente, pide que la rama judicial promueva «la aplicación de un enfoque diferencial de género y diversidad sexual en el acceso a la justicia», además de «garantizar» a las víctimas LGBTIQ+ «medidas de protección expeditas y eficaces para resguardar sus vidas e integridad personal».
