El Gobierno Nacional y la cúpula de las Fuerzas Militares defendieron la legalidad del bombardeo realizado el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, luego de que Medicina Legal confirmara que tres de las 10 personas fallecidas eran menores de edad.
La operación, denominada Operación Amón, fue ejecutada contra tres zonas campamentarias de una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a la facción de las disidencias de las Farc liderada por alias ‘Calarcá’. El ataque se produjo en inmediaciones del río Inírida.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, nueve de los diez cuerpos ya fueron identificados. Entre ellos hay cuatro mujeres y cinco hombres, incluidos los tres menores: dos de 15 años y uno de 16. El décimo cuerpo continúa en proceso de identificación.
Fuerzas Militares aseguran que eran combatientes
El comandante general de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, defendió la operación y afirmó que las personas fallecidas hacían parte de la estructura armada.
“Como resultado de la operación, se neutralizaron diez de sus integrantes, todos ellos combatientes”, sostuvo el oficial. Según explicó, el ataque aéreo fue planeado bajo los estándares legales establecidos para este tipo de operaciones y posteriormente se realizaron los procedimientos correspondientes en el lugar de los hechos.
Durante la operación también fue capturada una persona y recuperado un menor de edad, quien quedó bajo protección estatal para el restablecimiento de sus derechos.
Las Fuerzas Militares reportaron además el hallazgo de un importante arsenal, entre este 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 milímetros, granadas, 184 minas antipersonales y más de 29.000 municiones.
Gobierno responsabiliza a las disidencias por el reclutamiento
El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, confirmó las edades de los tres menores y aseguró que, según la información oficial, se encontraban en “función continua de combate”.
El funcionario calificó el reclutamiento y utilización de menores en el conflicto como un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, y responsabilizó a los grupos armados ilegales por incorporar niños, niñas y adolescentes a sus estructuras.
Mora anunció además la creación de una mesa interdisciplinaria entre los ministerios de Defensa y Justicia, con participación de la Fiscalía, la Rama Judicial y otras entidades, para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento de menores.
La iniciativa contempla estudiar posibles ajustes penales, endurecer sanciones y fortalecer la persecución de quienes dirigen las estructuras y las redes encargadas de captar menores. El Gobierno también anunció que presentará las respectivas denuncias ante la Fiscalía.
La muerte de los menores genera cuestionamientos
Aunque el Gobierno sostiene que los adolescentes hacían parte de la estructura armada y participaban en acciones de combate, el hecho también ha generado cuestionamientos desde organizaciones de derechos humanos.
La organización Vivamos Humanos señaló que la presencia de menores en un campamento no significa automáticamente que puedan ser considerados objetivos militares y pidió aplicar una protección reforzada a los niños y adolescentes en este tipo de operaciones.
El caso vuelve a poner en el centro del debate el uso de bombardeos contra estructuras armadas en Colombia cuando existe información sobre la posible presencia de menores reclutados.
Por ahora, Medicina Legal continúa con el proceso de identificación del décimo cuerpo, mientras las autoridades defienden la operación y anuncian nuevas medidas para combatir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados.
