La propuesta de la Administración Municipal de Dosquebradas para concesionar durante 15 años parte de la operación tecnológica de la Secretaría de Movilidad se convirtió en uno de los temas más controversiales del municipio.
Mientras el Gobierno local sostiene que la iniciativa busca modernizar una dependencia que enfrenta serias deficiencias tecnológicas y financieras, sectores políticos y algunos ciudadanos han expresado preocupación por lo que consideran el inicio de una privatización de servicios públicos.
El proyecto, que ya fue socializado ante el Concejo Municipal y comenzará su trámite en comisión, contempla la vinculación de un operador privado mediante licitación pública para administrar los trámites de tránsito, implementar plataformas digitales, operar las cámaras de fotodetección y realizar inversiones en infraestructura tecnológica.
La Administración insiste en que la autoridad de tránsito continuará siendo completamente pública y que el concesionario únicamente prestará apoyo en los procesos tecnológicos.
Secretaría con graves falencias
El secretario de Movilidad de Dosquebradas, Yeison Palacios, explicó que la propuesta nace como respuesta a las limitaciones que actualmente enfrenta la entidad.
Según el funcionario, su despacho no cuenta con trámites virtuales, carece de una pasarela de pagos para que los ciudadanos puedan realizar sus diligencias desde internet y mantiene gran parte de su archivo físico sin digitalizar. Como consecuencia, diariamente cientos de personas deben desplazarse hasta las instalaciones para realizar procesos que podrían hacerse de manera virtual.
A ello se suma un déficit de personal, equipos tecnológicos obsoletos y una infraestructura insuficiente para atender el creciente número de usuarios que recibe la dependencia cada día. Además, reveló que existe un proceso sancionatorio cercano a los $600 millones por incumplimientos relacionados con la gestión documental y la organización del archivo institucional.
Palacios aseguró que con los recursos propios de la Secretaría resulta imposible ejecutar la modernización que exige la ley y el crecimiento del municipio.
Polémica por la concesión
El punto que más controversia ha generado es la decisión de entregar la operación durante 15 años, un plazo que para algunos sectores resulta excesivo.
Desde la Administración argumentan que ese tiempo responde a un modelo financiero que hace viable la recuperación de la inversión que deberá realizar el concesionario, estimada en aproximadamente $12.000 millones, además de garantizar la sostenibilidad del sistema durante varias administraciones municipales.
No obstante, críticos del proyecto consideran que comprometer la operación por tres periodos y medio de gobierno podría limitar la autonomía de futuras administraciones y reducir la capacidad del municipio para replantear el modelo si este no arroja los resultados esperados.
«No vamos a privatizarla»
Ante las críticas, el secretario fue enfático en rechazar las versiones que hablan de una privatización de la entidad.
“Los agentes de tránsito, los inspectores y todas las funciones relacionadas con la autoridad seguirán siendo responsabilidad exclusiva del municipio”, explicó el funcionario.
La concesión, precisó, únicamente abarcaría los procesos tecnológicos, la modernización de los trámites y la operación de las cámaras de fotodetección.
También afirmó que ningún personal de planta perderá su empleo como consecuencia del proyecto y que los contratistas que actualmente desarrollan labores relacionadas con esos procesos podrán continuar vinculados con la empresa que resulte ganadora de la licitación.
Otro punto de discusión
Uno de los aspectos que más debate ha generado es la ampliación del sistema de cámaras de fotodetección.
Para la Administración, estos dispositivos representan una herramienta efectiva para reducir la accidentalidad vial.
“La presencia de estos equipos hace que los conductores reduzcan la velocidad en los puntos donde saben que existe control electrónico, disminuyendo así el riesgo de siniestros”, expuso Palacios.
Sin embargo, la implementación de nuevas cámaras suele generar resistencia entre algunos ciudadanos, quienes consideran que estos sistemas terminan privilegiando el recaudo de multas sobre la prevención.
Más ingresos
La Administración sostiene que la modernización permitirá incrementar significativamente los ingresos de la Secretaría.
Actualmente, la entidad recauda cerca de $5.000 millones anuales, pero con el nuevo modelo la proyección asciende a $19.000 millones cada año.
Esos recursos, “permitirían fortalecer la señalización vial, instalar nuevos semáforos, desarrollar campañas de cultura ciudadana, mejorar la infraestructura para los agentes de tránsito e incluso apoyar proyectos relacionados con el transporte público y nuevas rutas alimentadoras para Megabús”, reconoció.
Lo que viene
El proyecto de acuerdo ya inició su trámite en el Concejo de Dosquebradas.
Durante las próximas semanas será analizado desde los aspectos técnicos, jurídicos y financieros por los concejales, quienes decidirán si aprueban o no la iniciativa.
En caso de recibir el aval de la corporación, la Administración abrirá una licitación pública que tendría una duración aproximada de 45 días para seleccionar al operador encargado de ejecutar el proceso de modernización.
Sin respuesta
Ante esta problemática en el municipio, Diario del Otún se comunicó vía WhatsApp y dos llamadas telefónicas con la concejala opositora del proyecto Tatiana López Saldarriaga y no tuvo respuesta alguna.
A su vez, se intentó de tener la versión del líder del sindicato de los Agentes de Tránsito de Dosquebradas, Jeison Herrera y no fue posible tener comunicación.
