“Suspender provisionalmente los efectos del Acuerdo 035 del 11 de octubre de 2016, por medio del cual se adopta la revisión de largo plazo del plan de ordenamiento territorial del municipio de Pereira”. Así dice el documento de 15 páginas del Juzgado Primero Administrativo Oral de Pereira que determinó la medida cautelar interpuesta por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol Risaralda) contra el Municipio de Pereira.

En esta acción interpuesta el pasado 14 de marzo, el gremio constructor aludió que en dicho acto administrativo (aprobación POT) no se cumplieron los presupuestos establecidos por la ley en cuanto no surtió la concertación previa con diferentes entidades como la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Cárder); el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO); el Consejo Territorial de Planeación; y la socialización con la ciudadanía.

Se pretendieron convalidar recomendaciones dadas para el Acuerdo 028 de 2015 (suspendido en aquel entonces por una cuestión de forma), por lo que a juicio de los demandantes no hubo socialización para una nueva aprobación ya que se satisfizo con la efectuada para el mencionado acuerdo sin considerar que se trataba de un nuevo acto jurídico que debía surtir las etapas correspondientes.

Se asumieron unas diferencias entre planes de ordenamiento presentados en los años 2015 y 2016 con relación al espacio público y medio ambiente, así como la estructura del territorio como es lo relacionado con el Batallón San Mateo, dado que en el Acuerdo 028 no se incluyó como un proyecto estratégico, aspecto que sí quedó consagrado en el Acuerdo 035.

Aunque se hace alusión a un aspecto de forma en el procedimiento de cómo se aprobó en cuánto al proceso de concertación, desde Camacol Risaralda argumentaron que el Acuerdo 035 no es una réplica del suspendido 028 del 2015 sino que se le agregaron 3 proyectos estratégicos que toman un aspecto estructural en cuanto a lo demandado. Se trata del ya mencionado Proyecto Urbano Integral San Mateo y de dos adicionales: el Sistema Integrado de Transporte Público y Cable Aéreo y los centros de manzana.

 

Las acciones
Víctor Baza Tafur, gerente de Camacol Risaralda, explicó que la medida de suspensión provisional deja sin efectos el Acuerdo 035, actual plan de ordenamiento territorial (POT), por lo que recobra vigencia inmediata el POT (acuerdos 18 y 23) que se refiere al del año 2000 y a una posterior modificación en el año 2006.

Adicional a eso, cursa la demanda interpuesta por Camacol Risaralda en el año 2018 esperando que una vez haga su tránsito procesal, haya un fallo que favorezca los intereses de los constructores. “La suspensión trató sobre el vicio de procedimiento, mientras que la demanda tiene no solo esto sino aspectos como los deberes urbanísticos, los trámites y los procedimientos adicionales que se introdujeron. Desde Camacol Risaralda consideramos que no son la razón de ser ni la naturaleza del ordenamiento territorial”, dijo.

Según el directivo, el trámite de la demanda puede tardar hasta tres años en las dos instancias, sin embargo, pueden existir demoras o aligerezas dependiendo de cómo opere el despacho judicial. La decisión adoptada se tomó sobre un efecto devolutivo, lo que indica que una vez quede en firme la notificación se aplica lo dispuesto por el juzgado, dando la posibilidad al Municipio de Pereira como parte demandada a interponer los recursos de ley.

Solamente cuando los dos recursos se definan, se determinará la firmeza de la decisión del juzgado, por lo que la medida cautelar puede ir hasta que haya una sentencia. “En cuanto a las contestaciones por parte de la Alcaldía de Pereira, pueden pasar entre 15 y 20 días hábiles para tener certeza sobre la firmeza de la medida cautelar. Pero el procedimiento depende de cómo transcurre el despacho judicial”, añadió el directivo de la regional de Camacol.

 

Recepción
Luis Fernando Ossa, miembro de la junta directiva de Camacol Risaralda, afirmó que se requiere una nueva concertación que defina el POT de Pereira, teniendo en cuenta que hay varias temáticas que no solo atañen a los constructores sino a otros actores económicos de la ciudad con relación a los usos del suelo.
Para Ossa, el POT de 2016 contenía restricciones para el desarrollo de centros comerciales; a la imposibilidad de desarrollar clústers dado que la norma enfatizaba que en una sola cuadra no podían existir más de dos negocios similares. “Más que buscar que se tumbe en definitiva la norma, es que proceda el trámite de la concertación”, declaró.

El directivo indicó que pese a que la actual administración municipal no tuvo nada que ver con la construcción del POT, “no se entiende cómo la nueva alcaldía lo asumió”. Hizo énfasis en lo que tiene que ver con los deberes urbanísticos donde Camacol Risaralda siempre mostró oposición al considerarlos como un impuesto más. “Hubo una modificación estructural, no fueron solo pequeños detalles. Con el batallón sostenemos que debe ser espacio público”, puntualizó.

 

La actividad
Otro de los argumentos de Camacol Risaralda para que se replantee el POT de Pereira fue la generación de unas cargas urbanísticas que encarecieron significativamente el precio del suelo, situación que desestimula la construcción de vivienda, especialmente la de interés social, afectando la generación de empleo y desplazando a los constructores a otros municipios.

El nuevo ordenamiento en Pereira le había dado prioridad al aspecto ambiental, por lo que la disminución del área suburbana restringió la construcción en zonas que son vitales para la protección ambiental, aspecto que desde Camacol Risaralda no comparten al considerar que el suelo urbano construido apenas representa el 5 % del total del territorio del municipio, por lo que se tiene un 95 % que forma ese componente verde que no va ser desarrollado en su totalidad.

Ese cierre de perímetros tuvo incidencia en el licenciamiento de vivienda. Con cifras a septiembre de 2018, la variación fue a la baja al pasar de 241.436 m2 a 146.801 m2 con relación al mismo período de 2017. En cuanto a las ventas de vivienda, en el 2016 fueron de 3631 unidades; en el 2017 de 2384; y en el 2018 se ubicaron en 2729, lo que muestra un retroceso.

Con cifras más recientes, en el primer bimestre de 2019 las ventas de vivienda nueva en Pereira sumaron 476, inferiores a las 585 del año anterior y a las 519 del 2017. En cuanto al área licenciada, esta disminuyó con el 24,2 % al pasar de un total licenciado de 69.100 m2 a 52.311 m2. La vivienda que participó con el 50,2 % de ese total disminuyó un 40,5 % al pasar de 44.174 m2 a 26.261 m2.

Victo Baza especificó que no desean una gran extensión en hectáreas para solventar la necesidad en el próximo cuatrenio, teniendo en cuenta que en Pereira necesita 83 hectáreas que se pueden dar dentro de lo urbano, lo que demandaría de parte del municipio la intervención con instrumentos de gestión de uso del suelo para que eso se pueda dar.

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