Rodrigo Ocampo Ossa
Columnista

El incidente de la multa a quien compró una empanada en espacio público ya ha sido suficientemente aclarado; se originó en una interpretación equivocada del numeral 6 del artículo 140 del Código Nacional de Policía que, con todo sentido, sanciona a quien promueva o facilite la ocupación o el uso de los espacios públicos.

 

Por supuesto no es lo mismo adquirir un producto en una venta ambulante, que promover o facilitar la ocupación del espacio publico y la institución policial pagó un alto precio ante la opinión por errar en la interpretación de esa sencilla y útil norma para la convivencia. El país está lleno de leyes; desde la Constitución del 91 se han expedido un promedio de 72 por año. Y miles de decretos y resoluciones que hacen imposible saber cuáles son las reglas vigentes para el desarrollo de las actividades normales en la sociedad.

 

Eso de por si es complicado, pero si además la interpretación de ese galimatías legal se deja al arbitrio de los funcionarios y no hay consistencia en la línea jurisprudencial, la inseguridad jurídica se vuelve un problema mayor reflejado en huida de la inversión extranjera, improductividad de los negocios, pero sobre todo, se convierte en una mina para los corruptos que encuentran en ese laberinto legal la posibilidad de extorsionar a quienes deben concurrir ante las autoridades para hacer trámites inútiles. Hace un tiempo alguien propuso una moratoria en la legislación, prohibir durante un tiempo la expedición de nuevas leyes o la modificación de las existentes.

 

Pudo ser una hipérbole para llamar la atención sobre el desorden causado a la sociedad por el exceso de legislación, pero de golpe habría que ensayar una solución así de radical, pues como vamos no llegaremos a ninguna parte.

423 total views, 3 views today