Alberto Zuluaga Trujillo

Columnista

Las marchas ciudadanas están garantizadas constitucionalmente en todo el territorio nacional, al establecer el artículo 37 de nuestra Carta Política  que, “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. En razón del mismo, el pasado 10 de julio el gremio de taxistas del país convocó a un paro general en protesta por la operación, supuestamente ilegal de la plataforma tecnológica Uber y las aplicaciones móviles que empezaron a competir con los taxis desde 2013. Cansados de lo que consideran condiciones desfavorables para ejercer su trabajo, el gremio en Pereira y especialmente en el área metropolitana manifestó su inconformismo por la presunta falta de control de la Alcaldía, aduciendo que “La mesa de la Legalidad”, de la cual desconocen a sus representantes, creada el año pasado para acordar acciones por parte de las autoridades comprometidas en frenar el creciente transporte pirata en la zona, algo ha hecho en ese sentido pero, muy poco en cuánto tiene que ver con los que trabajan en las plataformas tecnológicas. Independiente del hecho real, de si la protesta es válida o no, si los asiste la razón en defensa de su trabajo, lo que queremos señalar en este escrito son las consecuencias derivadas del paro en sí, y no solo de este, sino de todos los actos de protesta que los ciudadanos están en su derecho de ejercitar. Debemos empezar por decir, que ningún derecho, salvo el de la vida, es absoluto. Todos, absolutamente todos los derechos están limitados por los derechos de los demás y por el interés general. Si bien, toda protesta restringe derechos de los otros, esta debe guardar proporcionalidad. Las protestas en ciudades como Pereira o cualquiera otra tienen necesariamente que afectar la movilidad pero, siempre habrá el recurso de tomar otra vía alterna, causando incomodidad, más no impidiendo que el ciudadano del común llegue al sitio deseado. Pero de ahí, a que el Estado se manicruce para permitir el cierre del viaducto César Gaviria Trujillo, puente que comunica a Pereira con Dosquebradas y Santa Rosa, cuyos habitantes en número crecido trabajan en la ciudad capital y por el que se desplazan no menos de 200 mil vehículos diarios, es capítulo aparte que no debe ser tolerado debiéndose desarrollar la protesta en otro sitio diferente, tomando las necesarias precauciones de cuidado para preservar, tanto el derecho a la protesta cuyo valor es altamente significativo para la democracia como vía legítima para expresar su descontento,  como el derecho de las mayorías de transitar por este paso vehicular de incuestionable importancia. Ya es de todos sabido que paro anunciado es viaducto cerrado. No señor Alcalde, en usted está la responsabilidad como mandatario. No es permitiendo lo que la protesta quiera. Es permitiéndoles manifestar su incomodidad pero sin violentar el derecho de los demás. Es protegiendo a los manifestantes pero, igual, protegiendo el derecho de todos nosotros como ciudadanos.

alzutru45@hotmail.com

 

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Peaton

No hubo comparendos, multas y mucho menos inmovilizaciones a los taxis que se parquearon en medio del viaducto y bloquearon esta importante via. Necesitamos una respuesta del alcalde y las autoridades!

oscar monsalve

y es que en pereira hay alcalde ????