Los borrachos continúan al volante

El pasado 19 de diciembre de 2013 se decretó la Ley 1696 con el propósito de endurecer las sanciones a los conductores que manejan en estado de embriaguez.

Las penas y sanciones varían dependiendo del grado de alicoramiento en el que se encuentre el conductor y del número de veces en las que este haya sido sorprendido manejando después de haber ingerido alcohol.

¿A la cárcel?

La norma, que además de elevar las sanciones económicas que van hasta los 30 millones de pesos y la cancelación de la licencia de conducción a los conductores ebrios, también contempla la cárcel para quienes incurran en los delitos de lesiones personales y homicidio culposo estando alicorados.

La verdadera situación

Aunque desde la promulgación de la ley ha habido retiro de licencias de conducción e imposición de multas, en materia de homicidios la realidad es otra.

Según expertos, aunque la Fiscalía imputa el delito de homicidio culposo y dolo eventual, la defensa de los acusados logra salirse por la tangente argumentando que aunque es obvia la infracción a la ley, sus defendidos no actuaron premeditadamente y menos con la intención de dar fin a la vida de una persona y que además, ya enfrentan sanciones económicas y administrativas establecidas en el Código Nacional de Tránsito.

La decisión de privar de la libertad a los conductores ebrios, es a fin de cuentas, del juez y según abogados, los juicios que estos emiten son subjetivos, pero aparentemente, regidos por rituales procesales del sistema penal, evitando dar un veredicto influenciado por lo mediático del caso, la realidad es que no los envían a la cárcel.

El proceso

En primera instancia, el juez de garantías evalúa las características del indiciado, si registra antecedentes penales, el actuar de la persona y el grado de alcoholemia; si hay reincidencia en el delito este se agravará.

Cuando el proceso avanza, en muchos casos resultan suficientes las sanciones del código de tránsito y los acuerdos de indemnización; en los que las partes se comprometen a pagar los perjuicios causados a los familiares de las víctimas y a su vez estos, a desistir de toda acción penal posible.

La norma no sirve

¿Realmente esta ley se constituye en la fórmula más efectiva para prevenir y reducir los accidentes de tránsito en el país?

Sergio Trejos, director del Instituto de Movilidad de Pereira comentó que “con preocupación vemos que la norma ha servido poco, porque definitivamente nos faltan más controles por parte de la autoridad, cultura ciudadana, no tenemos conciencia de que el que va manejando ebrio, en estado de embriaguez, es un suicida al volante, que además puede causarle daños a otros”.

Añadió el funcionario que desde la academia y los estudios que se han realizado, se ha determinado que la medida no ha servido.

Más que la sanción, es el riesgo que corre el conductor y las personas que van en otros vehículos o peatones, que pueden ser víctimas de los conductores que manejan ebrios, puntualizó Trejos.

Aunque la ley contempla que en caso de incurrir en los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo, la pena de prisión mínima sería de 32 meses a 53 meses y la máxima 108 a 216 meses, ¿realmente se cumple? Se supone que la condena por atropellar a una persona en estado de embriaguez es de tres años, pero en los casos conocidos los conductores quedan libres. 

Aspectos generales

La también llamada Ley Merlano establece que la multa más baja es de 90 salarios mínimos diarios legales vigentes. Multas superiores a los 2 millones de pesos para grado cero de alcoholemia (2 cervezas) y hasta 30 millones de pesos para el grado 3.

Pago del 15 % del valor comercial del vehículo si el conductor es reincidente en el delito y pérdida de la licencia de conducción desde un año hasta en forma definitiva.

El infractor también deberá realizar obras comunitarias.