El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia expresó un contundente rechazo frente a recientes hechos de violencia atribuidos a grupos armados ilegales, entre ellos el denominado “juicio revolucionario” adelantado por el ELN contra funcionarios del Estado y el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia.
A través de un comunicado oficial, el organismo alertó sobre el deterioro de las garantías fundamentales en varias regiones del país, señalando que este tipo de acciones representan una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
“El uso de mecanismos ilegales para juzgar a ciudadanos o funcionarios públicos desconoce el debido proceso y rompe con el orden constitucional”, advirtió el Consejo, al enfatizar que ningún grupo armado puede atribuirse funciones judiciales.
En el pronunciamiento también se hizo referencia a la situación de los funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo López Estrada, así como a miembros de la Fuerza Pública que permanecen privados de la libertad desde mayo de 2025. El organismo exigió su liberación inmediata y garantías plenas para su vida e integridad.
De igual manera, el Consejo condenó el asesinato del periodista Mateo Pérez, un hecho que ha generado rechazo en distintos sectores del país y que vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos que enfrentan los comunicadores en zonas afectadas por el conflicto armado.
El organismo hizo un llamado urgente a todos los actores armados para que cesen las acciones violentas contra la población civil y respeten estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, instó al Estado a fortalecer las medidas de protección para líderes sociales, funcionarios públicos y periodistas.
Finalmente, el Consejo Nacional de Paz reiteró la necesidad de avanzar hacia escenarios de diálogo que permitan reducir la violencia y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional.
