El comunicador, reconocido por su trabajo judicial y de investigación en Norte de Santander, había recibido amenazas durante años y contaba con medidas de protección.
El periodismo colombiano está de luto tras el asesinato de Cristian Hernando Herrera Nariño, reconocido periodista judicial de Cúcuta, quien fue atacado este sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de la capital de Norte de Santander.
De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador fue víctima de un ataque armado en vía pública. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, murió debido a la gravedad de las heridas. La Policía Metropolitana de Cúcuta condenó el crimen y las autoridades iniciaron las labores investigativas para establecer los responsables.
Herrera era ampliamente conocido en la región por su trabajo en temas judiciales, de orden público, crimen organizado y corrupción. Durante varios años hizo parte del diario La Opinión de Cúcuta y también colaboró con distintos medios de comunicación en Norte de Santander y Bucaramanga.
La Fiscalía asumió la investigación del caso y designó un equipo en la seccional de Norte de Santander para avanzar en la recolección de información, testimonios y elementos que permitan esclarecer las circunstancias del crimen. Una de las líneas iniciales de indagación será el historial de amenazas que había recibido el periodista por cuenta de su oficio.
El comunicador ya había sido víctima de intimidaciones y ataques en años anteriores. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa habían advertido sobre los riesgos que enfrentaba por su trabajo periodístico. Incluso, Herrera llegó a contar con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y en una etapa de su vida tuvo que salir del país debido a la gravedad de las amenazas.
En 2017, Reporteros Sin Fronteras documentó un intento de asesinato contra Cristian Herrera y otro periodista en Cúcuta, cuando ambos adelantaban labores de reportería. Para ese momento, la organización señaló que Herrera contaba con protección estatal desde 2014 debido a las amenazas que había recibido.
El caso vuelve a encender las alarmas sobre las condiciones de seguridad para el periodismo regional en Colombia, especialmente en zonas donde confluyen estructuras criminales, economías ilegales, corrupción y conflicto armado. En Norte de Santander, periodistas y líderes sociales han denunciado durante años presiones, amenazas y riesgos por investigar hechos de interés público.
El asesinato de Herrera se suma a recientes hechos de violencia contra comunicadores en el país y representa un golpe directo a la libertad de prensa, al derecho ciudadano a estar informado y al ejercicio del periodismo de investigación en las regiones.
Colegas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han pedido a las autoridades una investigación rápida y rigurosa que permita identificar no solo a los autores materiales, sino también a los posibles determinadores del crimen
