Juan Guillermo Ángel Mejía

Columnista

“Con la vida pegada de un inciso.”

Si un terrorista bombardea una iglesia repleta de aterrorizadas madres y niños, nuestras cortes han dicho que no es responsable quien fabricó, disparó y asesinó, sino que quien debe responder es un funcionario para castigar y el estado para pagar; si cae un derrumbe o un meteorito sobre una obra en construcción busquen urgentemente el empleado que no pensó que tal insuceso pudo haber ocurrido; los gobernates desfilan lustros después a responder a las ías y a la prensa  por qué les falló la futurología, la culpa es de quien construyó la obra, o de quien nominó al  celador mientras el  asesino queda  premiado. Con ese argumento las cortes en los Estados Unidos deberían haber condenado al presidente por el bombardeo a las Torres Gemelas o el Alemán al suyo por la masacre a los deportistas judíos en las olimpiadas.

 

En Colombia se ha convertido en qué hacer someter al juicio del espejo retrovisor a los servidores públicos, tengan o no culpa; ya el dolo, la manifiesta intenión de delinquir no cuenta, solo importa que algo ocurrió y el empleado público estaba de alguna manera cercano a los acontecimientos así ellos sean responsabilidad y consecuencia de lo fríamente calculado y ejecutado por quien ha logrado encontrar una rendija por donde colar el delito, el dolor o la muerte, o por que simplemente alguien olvidó poner una nota en un expediente o por que no llegaron las cartas embolatadas o por la mano incompresible del destino o por la fuerza incontenible de la naturaleza.  Vale la pena revisar los acontecimientos que generan escándalos que afectan hoy como ayer lo hiceron, a hombres de la talla de Gonzalo Vallejo o de Octavio Mejía para solo citar dos casos emblemáticos de lo que se repite con el alcalde Gallo. Hoy un abogado nos ofrece la cabeza del mejor de los alcaldes de los últimos tiempos en Pereira con la orden que le da una sala del Consejo de Estado, a otra sala de la misma corporación, de volver a juzgar lo ya juzgado por otras dos de salas de la misma corte, anunciando el triunfo de esta curiosa sentencia, con el argumento de que se le ha desconocido un derecho al demandante, así se vulneren los derechos del demandado, favoreciendo de esta manera a quienes hoy tratan de quitar de en medio a quien estorba por lo bien que lo está haciendo.

 

Entederá nuestro lector sin fatiga un caso sencillo como el que nos ocupa: un director de tránsito borró de un plumazo varias multas, la contraloría municipal informa al señor Gallo que estaba siendo investigado por este caso, Gallo se presenta y demuestra que cuando tales eventos ocurrieron él NO era el funcionario a cargo de la entidad, argumento suficiente para desencartarlo, tal como se le informó oportunamente; tiempo después, en su desempeño como concejal, participa en la eleción del nuevo contralor, conocedor de que no tenía cuenta pendiente con la contraloría; resulta entonces que como la entidad, a cargo del nuevo funcionario, certificó que el señor Gallo nada tuvo que ver con los acontecimientos referidos corrigiendo la omisión de la secretaria de entonces, quien no incorporó al expediente la realidad de lo acontecido, lo aquí narrado sirve entonces para que un abogado a quien poco le interesa el dolo, la manifiesta intención de delinquir como elemento fundamental, ahora insiste, esta vez argumentando que sus derechos  prevalecen sobre los de su víctima. Quien dijo que en  Colombia estamos gobernados por lanudos quienes tienen su alma prendida de un inciso, y de ello y ellos no nos escapamos en Pereira.