La semana anterior en Bogotá tras la reunión con la ministra de Educación María Victoria Angulo y el gerente del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), Juan Carlos Franco, la mesa directiva de la Asamblea y el Gobernador habían quedado un poco tranquilos con el anuncio que de los 17 megacolegios que faltan (en total son 19), serán entregados este año 10 y los siete restantes en 2020.

Sin embargo, ayer en sesión plenaria surgió la propuesta de realizar un amplio debate, un examen detallado a la construcción de los 17 planteles educativos. En dicho debate, piden los diputados, deben estar diversos actores, entre ellos las ías (Contraloría, Personería).

Fernan Caicedo, presidente de la Asamblea de Risaralda, expresó que dicho debate se realizará el 28 de marzo y serán invitados los delegados del Ministerio de Educación, alcaldes, estudiantes, padres de familia, Secretaría de Educación de Risaralda, Procuraduría, Controloría, Fiscalía y las firmas que tiene a su cargo la construcción de los megacolegios.

“Busca la Asamblea, como cuando estuvimos en Bogotá, enterarnos de primera mano de la realidad, los avances, los dineros y conocer todas las opiniones”, dijo Caicedo Cuero.

Varios diputados expresaron su preocupación porque el Gobierno departamental invierte $30.000 millones para la construcción de estos megacolegios; mientras que los otros dineros para las edificaciones programadas los fijó el Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación.

Opiniones

Para el diputado de la U, John Jairo Arias, “no se ha desembolsado un solo peso y debemos ser más estrictos con los tiempos previstos”.

Geovany Londoño, diputado del MIRA, consideró que no es bueno que este gobierno indique que los problemas se recibieron de la administración Santos o que fue una herencia del exgobernador Botero. “No puede ser que ello suceda ahora cuando el gobierno del Risaralda hace una inversión de dicha magnitud. Por eso vemos con preocupación y angustia lo que acontece”, expresó.

Y los liberales Diomedes Toro y Mario Marín solicitaron acelerar en el tema, pues hay familias, estudiantes y comunidad docente afectada porque tres años después las obras no se inician.

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