La decisión del Presidente Iván Duque de objetar seis artículos del Estatuto de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, alborotó el cotarro en el país, en donde las opiniones están divididas sobre sus implicaciones para el proceso de paz. Al tiempo que para unos esas objeciones eran necesarias y para otros se trata de un golpe muy grave para el fin de conflicto, también han surgido dudas sobre las facultades presidenciales para adoptar esta determinación y las etapas que ahora debe agotar dicho proceso. Para poner en contexto el alcance y las consecuencias de esta decisión presidencial, dialogamos con el abogado Perches Giraldo Campuzano, magíster en derecho administrativo y quien fue Procurador Regional en Risaralda, Cesar, Nariño y Quindío y actualmente docente en la especialización de Constitucional en el área administativa de la Fundación Universitaria del Área Andina y asesor en varias entidades públicas.

¿Tenía facultades el Presidente para objetar este estatuto que ha había sido revisado por la Corte Constitucional?
Si bien es cierto que se trata de una ley estatutaria el Presidente conserva las funciones de objeción de las normas. Una ley estatutaria pasa a control de constitucionalidad de la Corte y luego a sanción presidencial. Y la misma Corte ha dicho que por ser una ley estatutaria, a pesar de que haya pasado ese trámite, el Presidente conserva su función de objeción. Lo curioso de esta situación es que el Presidente, en este caso, no solo objetó artículos de dicho Estatuto sino que también objetó conceptos de la Corte Constitucional, la cual tiene la función decir si las normas son o no constitucionales así como la competencia de modular la sentencia, es decir que indica cómo debe entenderse uno u otro artículo. Así que en primera instancia el Presidente sí conserva esa función.

¿Si se trata de una ley estatutaria, hasta dónde va la competencia del Presidente?
Cuando una ley es ordinaria el Presidente la puede objetar por inconveniencia y por ilegalidad o inconstitucionalidad. Pero cuando es una ley estatutaria, ya revisada desde el punto de vista constitucional, el Presidente solamente la puede objetar por inconveniencia. Pero a pesar de que todas las objeciones se argumentan por inconvenientes, hay también objeciones de inconstitucionalidad. Y aquí lo que sigue es que el Congreso debe recibir las objeciones, analizarlas y determinar si son viables o no. Pero también el Congreso puede no aceptar las objeciones por inconveniencia.

Dado que el Congreso son dos cámaras ¿la decisión allí debe ser unánime?
Si en una Cámara no pasan las objeciones y en la otra sí, hay que hacer una conciliación, porque el proyecto cuando se devuelve por inconveniencia regresa a segundo debate en ambas cámaras para que se analicen solo los temas que fueron objetados por inconveniencia. Y aquí puede pasar que si lo que objetó el Presidente por inconveniencia, que no fue por inconveniencia sino por ilegalidad, el Congreso tiene facultades para recibir las objeciones por inconveniencia pero las que no son por eso sino sobre los conceptos que emite la Corte, el Congreso no tendría facultad para eso y tendría que remitirlo a la Corte.

¿Existe un precedente de objeciones de un Presidente a conceptos de la Corte Constitucional?
No hay que olvidar que aquí se presentó una situación sui generis, algo que nunca había pasado, y es que el Presidente objetó conceptos emitidos por la Corte Constitucional. En mi criterio el Presidente no debió haber objetado esos artículos, que dice que no le parecían claros, sino pedirle aclaraciones a la Corte. Recordemos que la Corte ya analizó la constitucionalidad del Estatuto de la JEP en temas como las facultades del Alto Comisionado para la Paz y en la definición de quienes son o no son víctimas, ahí está lo raro: que el Presidente no solo objetó artículos de la ley sino también criterios de la Corte.

¿Se devolvió a la Fiscalía la facultad de revisar procesos que ya están en la JEP?
Cuando la JEP eleva la tipicidad del cargo que le va a imputar a alguien, las otras entidades deben remitirle a la JEP todo lo que tengan al respecto. Porque, en caso contrario, este instrumento perdería certidumbre: la JEP les aplicaría sanciones a quienes se acogieron a ella, pero quedarían con procesos pendientes en la justicia ordinaria. Además, lo que pretende la Justicia Especial para la Paz es que investiguen por los delitos de lesa humanidad a los máximos responsables no a la base y eso es lo que dice la Corte, porque entonces nunca se terminaría de cumplir con eso. Esta es una de esas situaciones en donde la Corte plantea como se debe hacer, pero el Presidente objetó el concepto de la Corte Constitucional no la norma.

¿Haciendo un poco de futurología qué va a pasar con este asunto?
Va a pasar lo siguiente: el Congreso va a rechazar las objeciones que el Presidente le hizo al Estatuto de la JEP, porque según lo que se ha visto la mayoría de los partidos políticos están en contra de las objeciones. Y si el Congreso decide que las objeciones que el Presidente le hizo a las sentencia de la Corte Constitucional, el tema deberá ser enviado a la Corte para que ésta decida si el gobierno es competente o no para hacerle observaciones a sus propias sentencias. En mi criterio, no es competente para ello.

¿Tal como está hoy la Jurisdicción Especial de P az, JEP, puede funcionar?
Sí, claro. Y de hecho ha venido funcionando. Por ejemplo en temas de víctimas, que es la primera mención de inconveniencia que hace el Presidente, Colombia es uno de los países que más desarrollado tiene el tema de reparación de las víctimas, con la Ley 1448 de 2011. Aquí hay más de medio millón de víctimas que ya han sido reparadas, unas reparaciones individuales y otras colectivas, tanto en dinero como en lo que pretende la víctima.

¿Hay quienes piensan que todo esto es un factor de distracción para desviar la atención del Plan de Desarrollo?
Puede ser válido. En mi concepto el Presidente, si consideraba que había situaciones planteadas por la Corte que no eran claras, debió pedirle a ésta aclaración de la sentencia, lo cual es factible hacerlo.

Ahora, es necesario reiterar que la JEP no es solo para los miembros de las Farc…
Es más, ahí hay un artículo que objeta el gobierno y que plantea que cualquier persona que pretenda entregar verdad y reparación puede ser admitido en la JEP, es más existe un artículo que dice que con posterioridad a los que ya fueron admitidos puede ingresar más gente. De hecho hay personas que se estan acogiendo a la EJP que no estaban en los listados iniciales.

¿Por ejemplo el caso del ex senador Habib Merheg?
Exactamente, él no estaba en esos listados y solicitó que fuera admitido, entonces la JEP debe analizar esos temas y decidir en qué condiciones va a venir. Va a venir a entregar verdad y reparación de las víctimas o qué es lo que va a hacer y valorar si lo que entrega es efectivamente la verdad y la reparación. En ese caso lo acoge porque este es un sistema transicional para la paz. y la paz no es solo la ausencia del conflicto armado, hay muchos factores que todavía siguen afectando que haya paz.

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