Cada 1o de marzo se celebra el Día del Contador Público en Colombia para rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que diariamente realizan una labor primordial en la administración de empresas públicas y privadas, los contadores.    Esta celebración nació en 1975, concretamente durante los días 1 y 2 de marzo de ese año, cuando se realizó la Reunión Nacional de Juntas Directivas de Agremiaciones de Contadores de Colombia.

 

La Ley 1314 de 2009 además de tener como objetivo modificar las bases de preparación de la información financiera de las empresas, trajo consigo nuevas compromisos y oportunidades  para los profesionales de la Contaduría Pública, la norma incorpora temas relevantes y novedosos en el ejercicio profesional cuya observancia es de carácter obligatorio. El primer reto  que debemos afrontar los Contador Públicos tienen que ver con el compromiso ineludible de prepararnos para enfrentar con éxito el nuevo escenario laboral y profesional, sin duda el ingreso de Colombia a las grandes ligas de los países que adoptan normas internacionales demanda de los profesionales el compromiso de actualización permanente en temas como: Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información (NIA), Código de Ética IFAC, Normas Internacionales de Control de Calidad, Normas Internacionales de Trabajos de Revisión, Normas Internacionales de Trabajos para atestiguar y Normas Internacionales sobre servicios relacionados.

Los contadores públicos son profesionales que obtuvieron su título en una universidad legalmente reconocida y una vez inscritos ante la Junta Central de Contadores Públicos están facultados por la ley para dictaminar sobre la información económica y financiera, realizar las actividades relacionadas con la ciencia contable, tributaria, los sistemas de información de la empresa, las finanzas, los costos entre otros temas.

 

La Junta Central de Contadores es el órgano rector de la profesión de la Contaduría Pública responsable del registro, inspección y vigilancia de los Contadores Públicos y de las personas jurídicas prestadoras de servicios contables, actuando como Tribunal Disciplinario para garantizar el correcto ejercicio de la profesión contable y la ética profesional. Tiene sede en Bogotá.

 

 

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