El pasado viernes dos buses de la empresa Flota Occidental que cubrían la ruta entre Quibdó y Pereira fueron incinerados en el sector de Playa Rica, muy cerca al corregimiento de Santa Cecilia, en los límites de los departamentos de Chocó y Risaralda, por miembros de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región.
La semana pasada circuló un boletín de autoría del Eln donde se atribuía la quema el pasado siete de mayo de un bus de Rapido Ochoa en la vía Medellín – Quibdó y amenazaba a las empresa de transporte de pasajeros, de correr con la misma suerte, si no atendían la exigencia de pagar una cifra determinada de dinero a manera de seguro para poder transitar por cualquiera de los corredores viales hacia el Chocó, sin ser molestados.
El acto terrorista y extorsivo del este viernes, parece ser entonces, la respuesta de ese grupo guerrillero, a la negativa de la empresa de transportes pereirana, a pagar un peaje extorsivo para poder prestar el servicio de llevar y traer pasajeros del Chocó, que por tantos años han prestado con puntualidad y responsabilidad, aún en momentos tan difíciles como los de ahora.
Lo preocupante de esto es que no parece haber alguien en el Gobierno que esté interesado en ponerle atención a esta grave situación, en proteger a unas empresas que con su trabajo hacen patria, generan empleo y contribuyen al crecimiento de la economía regional, y en garantizar el derecho a la libre y segura movilización a miles de familias de los dos departamentos.
No de otra manera se puede interpretar el angustioso llamado que ha hecho el Gobernador de Risaralda al Ministro de Defensa para que se tomen las medidas que garanticen una mayor presencia militar en el corredor vial hacia el Chocó y que permita que quienes usen esta vía no queden en manos de los enemigos del país.
La del viernes no es la primera acción de la guerrilla en el departamento de Risaralda, ni la única amenaza extorsiva para los transportadores. Desde hace varias semanas los grupos armados han venido hostigando y extorsionando a las empresas transportadoras y a quienes son habituales usuarios de la vía, y hasta ahora solo ha habido oídos sordos e indiferencia por parte del Gobierno Nacional y de la Fuerza Pública.
Por la vía al Chocó, a través de Pueblo Rico y Santa Cecilia, no solo se movilizan decenas de miles de personas que compran aquí y viven allá, o que estudian en Pereira y tiene sus familias en el vecino departamento, o que vienen en busca de una atención médica que no encuentran allá; sino también empresas que transporten alimentos y productos que en esa región no se consiguen, y, tal vez lo más importante, todo lo que produce ese Departamento y es el sustento de su economía.
Ojalá el Gobierno Nacional atienda el llamado, con tono angustioso, del gobernador Tamayo y disponga de la Fuerza Pública necesaria para devolverle el orden y la tranquilidad a esa importante región y para garantizarle a los usuarios de la vía y a las empresas transportadoras, su libre y tranquila movilización.
