La decisión del Concejo no puede entenderse como una guerra contra la tecnología ni como un intento de regresar a épocas en las que los dispositivos electrónicos no existían.
El Acuerdo que acaba de aprobar el Concejo Municipal de Pereira y que regula el uso de celulares y otros dispositivos móviles en los colegios públicos de la ciudad, es oportuno y conveniente, porque responde a una realidad que hace tiempo reclama reglas claras, la tecnología puede ser una extraordinaria herramienta educativa, pero también una fuente permanente de distracción.
El celular llegó a las aulas sin que las instituciones educativas tuvieran instrumentos suficientes para ordenar su utilización. Mientras algunos estudiantes lo emplean para consultar información, desarrollar actividades académicas o comunicarse en situaciones necesarias, otros lo convierten en un obstáculo para la atención, la disciplina y el aprendizaje.
La decisión del Concejo no puede entenderse como una guerra contra la tecnología ni como un intento de regresar a épocas en las que los dispositivos electrónicos no existían. Por el contrario, se trata de reconocer que toda herramienta debe tener un uso responsable y que la formación también incluye enseñar a relacionarse adecuadamente con la tecnología.
El Acuerdo concede seis meses a las instituciones educativas para ajustar sus manuales de convivencia y establecer las normas que regularán el uso de celulares y demás dispositivos en las aulas. Es un plazo razonable, pero debe ser aprovechado con seriedad, participación y sentido práctico.
No se trata de imponer prohibiciones generales e indiscriminadas, porque no todos los momentos, asignaturas ni circunstancias son iguales. Las instituciones deben contar con reglas claras, conocidas por estudiantes, profesores y padres de familia, que definan cuándo se pueden utilizar estos aparatos, cuándo deben permanecer guardados y cuáles serán las consecuencias de incumplir las disposiciones.
La reglamentación deberá ser lo suficientemente firme para proteger el ambiente de aprendizaje, pero también lo suficientemente flexible para reconocer las posibilidades pedagógicas de la tecnología. Una prohibición absoluta podría ser tan equivocada como permitir que cada estudiante decida libremente cuándo y cómo utilizar su teléfono.
El reto, entonces, no es simplemente retirar los celulares de las aulas. Es enseñar a utilizarlos con responsabilidad, moderación y propósito. La escuela debe preparar a los jóvenes para un mundo en el que la tecnología estará cada vez más presente, no para uno en el que puedan vivir sin ella.
El Acuerdo aprobado por el Concejo Municipal constituye un paso necesario para recuperar la atención y el respeto por el proceso educativo. Ahora corresponde a las instituciones hacer una reglamentación sensata, concertada y eficaz. La norma será útil si logra que el celular deje de ser una distracción y se convierta, cuando corresponda, en una herramienta al servicio de la educación.
