Ojalá el nuevo proyecto de modernización electoral no siga el mismo camino que han cogido todos los intentos de refirma que se han hecho en los últimos años.
El Gobierno Nacional, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral acaban de radicar en la secretaría del Congreso un proyecto de ley que modifica, actualiza y moderniza el viejo y desgastado Código Electoral que ha regido en el país en las últimas décadas.
La iniciativa, al decir del Registrador Alexánder Vega, no es una reforma política, sino un ajuste de carácter técnico a la legislación actual, con el único fin de actualizar y modernizar los procesos electorales que hoy se surten en el país y que con el paso de los años y las nuevas condiciones se han ido desactualizando y quedando obsoletos.
Entre las varias modificaciones que plantea el proyecto, vale la pena rescatar la división que hace del voto en presencial y no presencial, y las nuevas modalidades para ejercer el derecho al sufragio. Y en las formas no presenciales se destaca el voto electrónico mixto y el anticipado.
De acuerdo con la propuesta, en el caso del voto electrónico, el ciudadano podría, de aprobarse, sufragar desde un teléfono celular o desde cualquier otro medio electrónico, Y en el voto anticipado, la persona que sabe que no va a estar el día de elecciones en el lugar de votación que le corresponde, podría pedirle a la Registraduría autorización para votar de manera anticipada.
De otro lado, el proyecto elimina el período de inscripción de cédulas, una de las peores formas de corrupción electoral que han hecho carrera en el país. Los políticos han utilizado por años esta forma, en principio de permitir a quien se cambia de ciudad de residencia para pueda inscribir su cédula y sufragar en el nuevo lugar, para llevar electores que viven en otro municipio a votar en el sitio donde ellos tienen intereses electorales. En adelante, según el proyecto, la residencia electoral del ciudadano será “el lugar donde se beneficie de las políticas públicas”.
Por último, el proyecto contempla que toda persona natural o jurídica que quiera hacer aportes a una campaña política se debe registrar ante el Consejo Nacional Electoral para que la autoridad correspondiente pueda verificar la procedencia de los respectivos dineros. De igual manera, establece que la publicidad que hoy se hace a través de las redes sociales y de las plataformas digitales, cualquiera que ellas sean, debe someterse a los mismos términos de plazos, montos y procedencia que la que se hace en los medios tradicionales.
Ojalá, el nuevo proyecto de modernización electoral no siga el mismo camino que han cogido todos los intentos de refirma que se han hecho en los últimos años, y está vez si se pueda acabar con tantos vicos y prácticas que han hecho que los procesos electorales se conviertan en una de las peores formas de corrupción que hay en el país.
