El ministro de Justicia Néstor Osuna dijo durante su presencia en un evento al cual asistió en representación del Gobierno nacional, que en el país se debe avanzar en el establecimiento de una justicia restaurativa, o también llamada justicia reparadora, o justicia compasiva.
El funcionario sostuvo que con esta modalidad de justicia se lograría una mayor efectividad en la aplicación de la ley y en el juzgamiento de los delitos menores, y de otro lado, se podría reducir sustancialmente el hacinamiento que tienen todas las cárceles y centros de reclusión del país.
La Justicia Restaurativa es un modelo de justicia alternativo que está establecido en la ley colombiana desde el año 2004, a través el sistema penal acusatorio y que busca que las víctimas de un delito sean reparadas moral y materialmente por el victimario a partir del daño causado con la comisión del delito.
En palabras del ministro Osuna, puede ser mucho mejor para una persona que le han robado su celular por ejemplo, que el ladrón se lo reponga con uno igual y le pague, como indemnización, unos meses del consumo; y para el delincuente también puede ser mejor devolver lo robado y aceptar que ha actuado mal, que ser condenado por este delito y a lo mejor estar unos meses privado de la libertad en una cárcel, y quedar con su hoja de vida manchada.
Es probable que la Justicia Restaurativa como principio para la resolución de conflictos y como mecanismo reparador del daño causado, sea una alternativa válida en muchas sociedades para lograr que la persona víctima de una acción contraria a la ley o de la vulneración de un derecho, reciba una compensación, y que el victimario tenga la oportunidad de corregir su error reparando al ofendido y comprometiéndose a no repetir el delito; sin embargo, no parece fácil que este tipo de justicia alternativo pueda operar en Colombia.
La primera duda es por qué existiendo ya desde hace casi 20 años esta modalidad en el país, nunca se ha aplicado. Las condiciones que contempla la Ley 906 no parecen ser aplicables en una sociedad que no cree en la justicia y que tiene una legislación que es laxa con el delito y con los delincuentes.
Un delincuente que ha cometido un delito y ha sido capturado por las autoridades, podría acogerse a la justicia alternativa y aceptar reparar a la víctima, además de comprometerse a no delinquir más, si ve que puede ir a la cárcel a pagar su delito; pero si sabe, como pasa en el 95% de los casos, que todo se reduce a una noche en una estación de policía porque al día siguiente va a estar otra vez libre, con seguridad que no va a tener ningún interés en devolverle el celular a su víctima y en pagarle seis u ocho meses de su consumo.
Es lógica la preocupación del nuevo ministro por el hacinamiento que tienen las cárceles y por la imposibilidad del gobierno para meter los delincuentes que todos los días roban y matan por un celular; pero el país y su sistema judicial están muy lejos de poder aplicar con buenos resultados la justicia restaurativa.
