El nuevo Ministro de Hacienda anunció que el próximo lunes el consejo de ministros se pronunciará sobre lo que parece ser una decisión inaplazable y es el drástico aumento del precio interno de la gasolina corriente y el diésel en todo el territorio nacional.
Según el funcionario, los altos precios del petróleo y de los combustibles en el mercado internacional, sumados a que el gobierno anterior no hizo, al parecer tratando de no afectar la creciente inflación, los ajustes debidos en el valor del galón en los meses de junio y julio pasado, están dibujando un panorama sombrío en el futuro del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
Para el Ministro de no tomarse inmediatamente una medida drástica frente al precio de los combustibles, el déficit del Fondo de Estabilización al cierre de este año puede sumar cerca de $11.8 billones de pesos más de lo que tiene contemplado la proyección del Marco Fiscal 2022 y acumular un faltante de $27 billones en el 2023.
Conforme al Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado en el mes de junio por el ministro saliente, el galón de gasolina y el del diésel se debió ajustar en $200 pesos en junio, $200 en julio y $250 en agosto, y se deja planteado, para decisión del nuevo gobierno, que a partir de septiembre los aumentos mensuales deben ser de $400 pesos en la gasolina y $250 en el diésel.
Esto tiene un agravante y es que cualquier plan de ajustes que defina el lunes el consejo de ministros se verá afectado por los ajustes al impuesto al carbono que incluyó el Gobierno en la reforma tributaria que acaba de presentar a consideración del Congreso. De aprobarse tal cual está el proyecto de reforma, el impuesto al carbono que paga la gasolina pasaría de 169 a 181 y el del diésel de 191 a 208.
Es entendible la necesidad que tiene el Gobierno de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y para ello de ajustar periódicamente el valor del galón de gasolina hasta que se cierren las diferencias de compensación frente al precio de paridad internacional; pero hay tener cuidado con el reflejo en la vida del país.
Cualquier aumento en los combustibles que apruebe el Gobierno es un golpe a la inflación. Todas las actividades, empezando por el transporte, tienen que ver de una u otra manera con el precio de este producto y sus efectos, así está comprobado, lo asumen el consumidor final y el ciudadano común y corriente, el que utiliza el transporte público o el que utiliza el vehículo para sus quehaceres laborales y productivos.
Un aumento desbordado y sistemático en el precio de la gasolina y del diésel, generaría una presión inaguantable en actividades vitales para la recuperación de la economía y su crecimiento sostenido, y, sobre todo, una cascada de alzas en la Canasta Familiar de los colombianos.
