Cuando el país espera liderazgo y recibe indiferencia, se profundiza la sensación de abandono. El Cauca no necesita más promesas, exige acompañamiento, autoridad y respuesta institucional.
El atentado terrorista en Cajibío, Cauca, es, además de una tragedia que enluta al país, la prueba dolorosa del deterioro de la seguridad en regiones abandonadas por el Estado. La violencia sigue cobrando vidas inocentes mientras comunidades enteras sobreviven entre el miedo, la zozobra y la indiferencia oficial.
Condenar este crimen no basta. Es necesario aceptar que hechos como este son también consecuencia de una política equivocada frente a los grupos armados ilegales. La indulgencia disfrazada de estrategia de “paz total” ha terminado fortaleciendo a estructuras criminales que hoy actúan con una inmensa capacidad ofensiva.
La llamada mano tendida no puede confundirse con permisividad. Mientras el Gobierno insiste en diálogos sin resultados verificables, los violentos se rearman, se expanden y desafían al Estado. El Cauca se ha convertido en símbolo del fracaso de una política incapaz de proteger a la población civil.
No se trata de descalificar la búsqueda de la paz, sino de señalar que no puede construirse sobre concesiones unilaterales ni sobre la renuncia a ejercer autoridad. Cuando los criminales perciben debilidad institucional, avanzan. Y quienes pagan ese costo son campesinos, policías y ciudadanos indefensos.
Más indignante aún resulta el silencio presidencial frente a la tragedia. Mientras Cajibío vela a sus muertos, no hubo un mensaje de solidaridad con las familias de las víctimas, ni una señal de duelo nacional, ni una expresión clara de respaldo a una región histórica y sistemáticamente golpeada por la violencia.
Ese vacío duele más cuando coincide con la difusión, desde las redes del propio mandatario, de imágenes de su celebración de cumpleaños. No es un asunto cualquiera ni una crítica superficial. En política, los gestos importan. Y en medio de una tragedia, la ausencia de solidaridad se convierte en un mensaje devastador.
Un jefe de Estado no solo gobierna con decretos y discursos; también con presencia moral frente al dolor colectivo. Cuando el país espera liderazgo y recibe indiferencia, se profundiza la sensación de abandono. El Cauca no necesita más promesas, exige acompañamiento, autoridad y respuesta institucional.
Este atentado obliga a revisar de fondo la estrategia de seguridad. No puede seguir normalizándose que los grupos armados maten, extorsionen, desplacen y aterroricen mientras el Estado responde con concesiones. La paz no puede ser excusa para tolerar el terror ni para debilitar la fuerza legítima de la institucionalidad.
Cajibío merece justicia, las víctimas merecen verdad y sus familias merecen respeto. Pero el país también merece un gobierno que entienda la gravedad del momento. Frente al terrorismo no cabe tibieza. Frente al dolor de los muertos no cabe silencio. Y frente al abandono, la ciudadanía tiene derecho a exigir respuestas.
