Aterrador, por decir lo menos, es el informe periodístico que El Diario y Q’hubo publicaron el pasado miércoles sobre el dramático avance del llamado “tuci” en el Área Metropolitana, su generalizado consumo entre los habitantes y el supuesto control del negocio que se le hace desde una de las cárceles del país.
Según la información periodística entregada a los medios por una persona que estuvo inmiscuido en el lucrativo negocio de este producto, en la ciudad hay al menos mil personas dedicadas a la comercialización de esta droga, todas autorizados por el dueño del negocio, un delincuente que purga una condena de ocho años de prisión, pero que actúa e impone su ley a través de hombres al servicio de su organización criminal.
Sostiene el informante que el jefe máximo de la organización, previa la cancelación de una significativa suma de dinero mensual, otorga la autorización para la distribución y venta del “tucibi” en determinado sector del área metropolitana y para lo cual expide un carnet con un código cifrado que permite controlar el pago del permiso para producir y comercializar la droga.
Dice también la fuente que quien intente meterse en el negocio sin contar con la autorización de la organización delictiva o no cumpla con el pago de la cuota asignada, es sometido a lo que se conoce en el argot popular como un ajuste de cuentas o un cobro por derecha.
Por último, dice la información periodística que solo por concepto del cobro de los permisos para comercializar esta droga en los distintos sectores de la Ciudad, las dos estructuras criminales que manejan el negocio, reciben cerca de 1.560 millones de pesos mensuales, una cifra que tiene que llamar la atención de las autoridades.
Ahora, la pregunta obvia es ¿si las autoridades tienen toda esta información, si saben quién es la cabeza de esta organización criminal, si conocen los nombres y los alias con que se identifica cada uno de los jefes de las zonas en que están divididos Pereira y Dosquebradas, y si tienen el conocimiento de cómo operan, por qué no se monta una estrategia para atacar esta estructura delictiva y desmantelar un negocio que está acabando con la salud de los risaraldenses y distorsionando la base de la economía regional.
No puede ser posible que un hombre que está completamente identificado, maneje desde su celda en una cárcel un negocio de semejante tamaño y de semejante alcance, y que, hasta donde se sabe, ni siquiera tenga una investigación por este hecho.
Pereira, esa que lucha por ser el epicentro comercial del occidente del país, por convertirse en destino turístico obligado para los colombianos y extranjeros que visitan Colombia, que hace esfuerzos por ser un centro de negocios empresariales y que se vende como una ciudad segura, tranquila e ideal para la educación de la juventud, no puede seguir apareciendo como la cuna del “tucibi” y el paraíso de los traficantes de drogas.
