Mientras la universidad pública, que en Colombia siempre es una entidad oficial y por tanto no es sujeto de impuestos, las instituciones privadas sí tienen que pagar el nuevo gravamen.
La reciente decisión del Gobierno tomada en el marco de la emergencia económica, de gravar con impuesto al patrimonio a las universidades e institutos de educación superior privados abre un debate de fondo sobre el papel que estas instituciones cumplen en la sociedad y la sustentabilidad del sistema educativo en el país.
En momentos en que el sector enfrenta una disminución sostenida en las matrículas, y por ende en sus ingresos, imponerles una carga adicional cercana a los 135.000 millones de pesos no solo resulta inoportuno, sino que constituye una interferencia directa en su autonomía financiera que amenaza con agravar una situación de por sí ya compleja.
No se trata únicamente de cifras. Detrás de este decreto hay cerca de 80 instituciones educativas que cumplen una función social esencial: ampliar la cobertura, ofrecer alternativas de formación y contribuir a la creación de conocimiento. Equipararlas a empresas con fines de lucro desconoce su naturaleza y desvirtúa su misión, que en muchos casos está orientada al servicio público, la investigación y la formación integral de ciudadanos.
El contexto no puede ignorarse. La caída en las matrículas responde a factores estructurales como la desaceleración económica, los cambios demográficos y las dificultades de acceso de miles de familias a la educación superior. En este escenario, en lugar de aliviar las cargas y promover el acceso, el Gobierno opta por aumentar la presión fiscal, lo que inevitablemente se trasladará a menores inversiones, reducción de programas o incluso incrementos en los costos para los estudiantes.
Más preocupante aún es el mensaje que se envía. Tratar a las universidades como simples agentes económicos sujetos a tributación patrimonial implica desconocer su aporte al desarrollo del país. La educación superior no puede analizarse bajo la misma lógica de rentabilidad de otros sectores productivos, pues su impacto trasciende lo financiero y se refleja en capital humano, innovación y cohesión social.
Esto añadido a que el impuesto decretado es injusto e inequitativo lo que viola claros principios constitucionales que protegen la igualdad ante la ley. Mientras la universidad pública, que en Colombia siempre es una entidad oficial y por tanto no es sujeto de gravámenes, las instituciones privadas sí tienen que pagar el nuevo gravamen.
El riesgo es claro, debilitar un sistema que, con todas sus limitaciones, ha sido clave para cerrar brechas y generar oportunidades. Si el propósito es fortalecer la educación, el camino debería ser el de los incentivos y la construcción conjunta de soluciones, no el de decisiones impositivas que pueden terminar afectando a quienes precisamente se busca beneficiar.
En lugar de ver en las universidades privadas una fuente de recaudo, el Estado debería reconocerlas como aliadas estratégicas. De lo contrario, este tipo de medidas no solo compromete su sostenibilidad, sino que pone en entredicho el compromiso real con el acceso y la calidad de la educación superior en Colombia.
