Hoy más que nunca corresponde exigir respeto por la voluntad ciudadana, por las instituciones y por la Constitución, únicas garantías de la estabilidad que el país reclama.
La fortaleza de una democracia no se mide únicamente por la transparencia con la que se celebran las elecciones, sino también por la disposición de quienes participan en ellas para aceptar el veredicto de los ciudadanos. Ese principio resulta indispensable para garantizar la estabilidad institucional y la confianza pública.
Ha transcurrido casi un mes desde que las autoridades electorales declararon a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia. Durante ese tiempo no ha sido presentado un solo elemento probatorio que sustente las reiteradas denuncias de un supuesto fraude, ni uno solo de los observadores internacionales ha dejado siquiera una observación sobre la transparencia del proceso. Las afirmaciones sin evidencia no pueden sustituir los mecanismos legales previstos para controvertir un resultado electoral.
Pese a ello, el presidente Gustavo Petro ha insistido en desconocer el resultado de las urnas, al punto de atreverse a proclamar públicamente a Iván Cepeda como presidente y a ordenar la suspensión del proceso de empalme con el gobierno entrante. Se trata de decisiones que, además de generar desconcierto, envían un mensaje profundamente inconveniente para la institucionalidad.
El empalme entre administraciones no constituye una concesión política del gobierno en ejercicio, sino una obligación orientada a garantizar la continuidad del Estado y la adecuada prestación de los servicios públicos. Interrumpir ese proceso por supuestos desacuerdos con el resultado electoral, significa anteponer intereses políticos al funcionamiento normal de las instituciones.
Toda persona tiene derecho a cuestionar una elección cuando considera que existieron irregularidades. Pero ese derecho exige acudir a las autoridades competentes, aportar pruebas y respetar los procedimientos establecidos. Lo contrario equivale, sobre todo cuando viene del propio Jefe del Estado, a sembrar dudas sobre el sistema democrático sin ofrecer fundamentos que las respalden.
Entre desconocer los resultados electorales, negar la legitimidad del presidente elegido y suspender el proceso de empalme, existe una línea muy delgada que conduce hacia un escenario mucho más preocupante, la posibilidad de poner en entredicho la entrega pacífica del poder. Esa sola incertidumbre resulta una amenaza grave para la institucionalidad.
Colombia ha construido durante décadas una tradición de alternancia institucional que debe preservarse por encima de las diferencias ideológicas. El mandato popular expresado en las urnas obliga tanto a vencedores como a derrotados. Desconocerlo sin pruebas golpea duramente la democracia. Hoy más que nunca corresponde exigir respeto por la voluntad ciudadana, por las instituciones y por la Constitución, únicas garantías de una transición ordenada y de la estabilidad que el país reclama.
