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Pereira
miércoles, noviembre 30, 2022

Un delito que crece

Entre el primero de enero y el 31 de agosto de este año se presentaron en la Ciudad, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, 311 casos de delitos sexuales. Un dato que resulta ser mayor al registrado en el mismo periodo del año pasado cuando la misma fuente reportó 274 casos.

Esta cifra coloca a Pereira como la sexta ciudad del país más azotada por este flagelo y la primera del Eje Cafetero. Dos cosas agravan estos preocupantes registros, el primero es que estos datos de Medicina Legal están lejos de la realidad de este aberrante delito y la segunda, la calidad del agresor.

Según estadísticas oficiales, en ocho de cada diez casos el agresor es un familiar muy cercano o una persona que se ganó la confianza no solamente del menor, sino de sus padres, lo que le permitió acercársele con mayor tranquilidad a la víctima.

La otra circunstancia que hace más preocupante estos delitos, son los altos niveles de impunidad. Un porcentaje muy alto que puede llegar a más del 50%, no llega a conocimiento de las autoridades. Por razones que van desde el temor a las posibles represalias del autor, pasando por la negativa a que la ofensa se conozca públicamente, hasta el desconocimiento de donde se puede poner la denuncia, las víctimas prefieren no ir ante las autoridades a denunciar los casos.

Esto sumado a la prácticamente nula efectividad de las autoridades para investigar las denuncias y sancionar a los responsables de los delitos sexuales, hace que las víctimas de estas conductas, prefieran no ir ante las autoridades respectivas a denunciar la agresión y más bien guarden silencio.

No hace mucho, para citar un solo ejemplo, los medios de comunicación daban cuenta de un caso en el que un juez había encontrado culpable del delito de violencia sexual al padrastro de una menor de edad y a quien le fue impuesta una pena privativa de la libertad, pero increíblemente le fue concedido el beneficio de detención domiciliaria. Es decir, ni más ni menos, que se condenó a la víctima a seguir viviendo con su agresor.

Es urgente, pues, de un lado adelantar una campaña tendiente a que las personas que sean víctimas de estos delitos recurran a las autoridades a denunciar los hechos, y del otro, que estas dispongan de los funcionarios y los mecanismos que faciliten la colocación de la denuncia por cualquier tipo de agresión sexual. Es la única manera que las víctimas de un delito sexual recurran a las instancias legales a poner la denuncia y que pueda disminuir la impunidad.

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