Han pasado 30 años desde aquel día en que el país recibió, más confundido que consciente, la entrada en vigencia de la tan promocionada como irreflexiva reforma constitucional. Son 360 meses en los que los colombianos se han movido dentro del este nuevo marco conceptual y jurídico.
Fuimos enemigos confesos de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde estas columnas llamamos, una y otra vez, la atención de sus fieles promotores, sobre los riesgos que corría la estabilidad institucional del país, si se sometía la Carta Política a una aventura de semejante naturaleza.
Nos parecía que los pocos o muchos defectos que pudiera tener la centenaria Constitución del 86, se podían corregir con una enmienda del tamaño y alcance que exigían las necesidades del momento. No era, ni podía ser suficiente la creencia, cierta o equivocada, de que el Congreso, tal vez con la justicia las únicas instituciones que necesitaban una modificación, era incapaz de hacer los ajustes requeridos y emprender una auto reforma.
Sin embargo, pudo más la fogosidad de unos jóvenes inexpertos, la caja de resonancia que le hicieron los medios, la ligereza del gobierno de entonces para impulsar la iniciativa y la novelería de un país que creyó que la reforma sería la cura de todos sus males; que las sensatas y juiciosas advertencias de respetados juristas y destacados dirigentes nacionales.
Hoy estamos convencidos de que buena parte del caos que ha vivido el país en materia institucional, de que los conflictos entre los noveles y antiguos poderes, de que la torre de babel que se hizo en la cúpula de la justicia y que ha generado tantos inconvenientes, de que el abuso de nuevas figuras como la tutela y de que la duplicidad de funciones en muchos organismos del Estado, son todos males que se han formado al alero incierto de una constitución que, según sus gestores, iba a desterrar la corrupción, hoy más enseñoreada que nunca; a sanear la actividad política, hoy con decenas de sus dirigentes en la cárcel; a propiciar la paz, hoy más alterada que antes; a depurar el Congreso, hoy con muchos de sus miembros inhabilitados o investigados; a rescatar la autoridad, hoy casi perdida; y acabar con todas las injusticias que hay en el país, hoy multiplicadas por mil.
Nos parece, pues, que con muy pocas excepciones como la de la Fiscalía, institución que en parte le devolvió la credibilidad a la justicia, y en algo la tutela, muy pocas experiencias buenas le quedan al país después de transitar durante 30 años bajo la vigencia de la actual Ley de Leyes.
