Después de tantos años de incertidumbre, el compromiso de todas las entidades debe ser llevar este proyecto hasta su terminación y ponerlo al servicio de la comunidad cuanto antes.
El informe publicado por el Diario del Otún sobre el estado del proyecto de la nueva cárcel “El Pilamo” despeja muchas dudas y abre una esperanza sobre la real posibilidad de contar en el corto plazo en el Departamento con un nuevo y moderno penal y con ello de aliviar un poco el altísimo hacinamiento que tienen los actuales establecimientos carcelarios. Después de incontables dificultades, retrasos, imprevisiones y negligencias administrativas, por fin aparecen señales de que el propósito puede convertirse en realidad.
No ha sido un camino corto. La iniciativa acumuló suspensiones y aplazamientos que alimentaron el escepticismo ciudadano y la preocupación de las autoridades encargadas de enfrentar una crisis penitenciaria cada vez más compleja. El tiempo perdido elevó los costos y prolongó un problema cuya solución no admite más espera.
Mientras el proyecto permanecía estancado, el hacinamiento seguía creciendo. Los establecimientos carcelarios del departamento llegaron a niveles críticos de ocupación y los centros de detención transitoria de Pereira terminaron soportando una carga para la cual nunca fueron concebidos, con evidentes riesgos para la seguridad y los derechos humanos.
Las estaciones de Policía y otros lugares de reclusión temporal no pueden convertirse en cárceles permanentes. Su función es transitoria y mantener allí personas durante largos periodos deteriora las condiciones de quienes permanecen privados de la libertad y dificulta la labor cotidiana de las autoridades encargadas de la seguridad.
Por eso resulta alentador conocer que el proyecto de “El Pilamo” empieza a mostrar avances concretos. Aunque todavía existen etapas por superar, la percepción es que, esta vez, la obra realmente avanza y que la anhelada infraestructura comienza a ver la luz al final del túnel.
La nueva cárcel representa mucho más que una construcción física. Será una herramienta para aliviar el hacinamiento, mejorar las condiciones de reclusión, fortalecer la capacidad institucional y ofrecer una respuesta más adecuada a las necesidades del sistema penitenciario regional.
También será un apoyo para la seguridad ciudadana. Un sistema penitenciario con capacidad suficiente facilita el trabajo de jueces, fiscales y organismos de Policía, al tiempo que reduce la presión sobre instalaciones destinadas exclusivamente a la detención temporal.
Ojalá esta etapa marque el comienzo definitivo de la culminación de una obra largamente esperada. Risaralda y Pereira no pueden permitirse nuevos retrasos. Después de tantos años de incertidumbre, el compromiso de todas las entidades debe ser llevar este proyecto hasta su terminación y ponerlo al servicio de la comunidad cuanto antes.
