Un balance más que pobre

Por estos días se cumplieron quince años de estar funcionando en Colombia el sistema penal oral acusatorio y las estadísticas que tienen las autoridades sobre el desarrollo de un mecanismo de justicia que cuando se adoptó prometía una revolución y unos resultados extraordinarios; muestran otra cosa completamente distinta.

Entre el 2005 y el 2019 se presentaron ante la justicia un poco más de quince millones de denuncias por causas penales, de las cuales se archivó el 82%. Es decir que en cerca de 12,3 millones de los casos el proceso penal se acabó sin que hubiera habido siquiera alguna intervención de un juez penal, con todos los dolorosos efectos que esto tiene para las víctimas.

Contrario a esto, en el mismo período, solo hubo 742.000 sentencias ejecutoriadas, lo que significa que apenas menos del 5% de las denuncias penales fueron resueltas de alguna manera. El restante 95% corresponde a personas que, a pesar de haber sido denunciadas, las diligencias no pasaron del acto formal de la denuncia precisamente por los vericuetos de los incisos y el articulado de la legislación acusatoria.

Para no ir muy lejos, según las estadísticas oficiales, el 40% de las audiencias obligatorias que son programadas por esta justicia, se aplazan una y otra vez por razones la mayoría de las veces que solo persiguen dilatar el proceso y al final buscar los vencimientos de términos a los que tanto recurren quienes si son responsables de los hechos investigados.

Ahora, la desazón es todavía mayor cuando, en un país que para algunas organizaciones internacionales es una de las naciones más corruptas del mundo, de los quince millones de denuncias que se han presentado en todo el tiempo de vigencia del sistema, apenas 5400, menos del medio porciento, corresponden a delitos de corrupción y algo más dramático todavía, el 50% de estas denuncias fueron archivadas casi que inmediatamente.

Pero todo este incierto balance del sistema oral acusatorio no termina con estos lamentables datos. Durante los últimos seis años, del 2013 al 2019, la justicia penal ha suspendido actividades, por razón de los paros y protestas realizadas, por un tiempo sumado de nueve meses, es decir casi un mes y medio cada año.

Esto, pues, sumando a que cada fiscal tiene sobre su escritorio entre 2000 y 3000 procesos penales en estudio, cuando el promedio que aconsejan los expertos y tienen otras legislaciones es de 50 o 60 expedientes, y a que la gran novedad del sistema que era el famoso principio de oportunidad, solo se ha aplicado en menos del 5%; deja un balance más que pobre, muy desalentador, de un sistema que fue lanzado como la panacea y como un instrumento para hacer justicia rápida y efectiva en el campo penal.