Muy poco podremos esperar

Aunque la norma no contempla un plazo para que los cobijados cumplan con la obligación, hoy todos los funcionarios públicos y los elegidos en octubre, deberían haber cumplido con ella.

La semana pasada, durante una de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal, el joven concejal del Partido Verde Esteban Gañán, invitó a sus compañeros de corporación a cumplir con la obligación legal no solo de publicar su declaración de renta, sino los aportes recibidos durante la pasada campaña que les dio la curul, y hacer el registro de conflicto de intereses.

Dijo el concejal Gañán durante su intervención que solo él y su compañera de bancada la doctora Nancy Henao, habían a la fecha cumplido con el mandato de la Ley 2013 del 2019, norma impulsada por el actual gobierno como parte de la estrategia de transparencia de los servidores público y como mecanismo de lucha contra la corrupción.

La Ley 2013, sancionada a finales del año pasado, obliga a todos los altos funcionarios del Estado a publicar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), la declaración de renta que se presenta periódicamente ante la DIAN, la lista de los bienes que se poseen y las rentas que se reciben por cualquier concepto, lo aportes de campaña en el caso de los elegidos popularmente, y el registro de los posibles conflictos de intereses que se puedan presentar.

Aunque la norma no contempla un plazo para que los cobijados por ella, cumplan con la obligación de hacer la respectiva publicación, los interpretes de ella consideran que es de aplicación inmediata. Por tanto, como fue sancionada antes de terminar el año anterior, hoy todos los funcionarios públicos de cierto nivel y los elegidos en las elecciones de octubre pasada, deberían haber cumplido con la ley.

Sin embargo, en el Departamento, para no hablar sino de lo que tenemos cerca, hoy solo los dos senadores y los cuatro representantes; los alcaldes de Pereira y La Virginia; los diputados Durgues Espinoza y Juan Diego Patiño; el excandidato a la alcaldía Mauricio Salazar; y, como bien lo anotó el concejal del Partido Verde, los concejales Estaban Gañan y Nancy Henao, han cumplido con el mandato de la nueva ley.

Independiente de si la norma, en un país de testaferros y de tramposos, y en el que la mayoría de los políticos y funcionarios tienen todo a nombre de terceras personas y aparecen siempre ante el gobierno como unos pobres desposeídos, en la práctica sí tendrá alguna utilidad en la prevención del fraude y el enriquecimiento ilícito, la Ley está vigente y se debe cumplir.

De todas maneras, produce desazón ver que de catorce alcaldes, doce diputados, cientos de concejales, otro tanto de ediles y de decenas de funcionarios de todos los ordenes que hoy están ejerciendo altos cargos en las administraciones departamental y municipales, apenas 56 hayan cumplido con el mandato legal. Si esto refleja la voluntad de los elegidos de actuar con transparencia y responsabilidad, muy poco podremos esperar de la mayoría de ellos.