Hay que desterrarlo

El informe publicado en estos días por este periódico sobre el negocio del “gota a gota” pone nuevamente sobre el tapete una práctica que la Ciudad es más común de lo que se cree y que esconde detrás de ella muchas más actividades ilícitas y problemas sociales, de los que aparentemente se aprecian.

Muchas personas ante la necesidad de un recurso económico para atender alguna necesidad urgente y la imposibilidad de acceder al sistema financiero, bien por tener antecedentes de crédito negativos en las entidades calificadoras de experiencia crediticias como Datacrédito, o bien porque no pueden ofrecer las garantías que los bancos exigen, tienen que recurrir a los préstamos personales y que la mayoría de las veces es un “gota a gota”.

Este sistema, de acuerdo al testimonio de personas que de una u otra manera pertenecen o han hecho parte del él y las informaciones que tienen las autoridades, se nutre de dineros provenientes del narcotráfico o de otras actividades ilícitas, y como tal está controlado por las organizaciones que son dueñas del negocio de la droga en la región, y todos sus jugosos rendimientos van a ellas.

Esto con el agravante, primero que los intereses que le cobra esta modalidad de crédito a sus tomadores, son realmente arruinadores y segundo, que los procedimientos que utiliza la organización para el cobro de sus rendimientos y del propio préstamo, son indignantes y se salen de lo legalmente aceptable.

No son pocos los casos que han conocido las autoridades de personas que han tenido que pagar con sus vidas o con la de algún familiar cercano, o han sido violentadas, o extorsionadas, o amenazadas, porque no pudieron atender los intereses del crédito a tiempo o no pagaron el préstamo cuando se lo exigieron.

Esto para no hablar de la propia vivienda o de los enseres que han tenido que escriturar y entregar a estas organizaciones criminales, los ciudadanos que no han podido cumplir con el compromiso de pago establecido y que al final han tenido que entregarlos como parte de pago de la obligación contraída.

Nada más urgente, pues, que las autoridades ideen y pongan en ejecución un plan para combatir y librar la región de una modalidad de crédito que está arruinando a miles de ciudadanos que han tenido que recurrir a ella por física necesidad, en beneficio de conocidas organizaciones dedicadas al oscuro negocio de la droga; y que, como si esto fuera poco, es una de las mayores generadoras de violencia y de inseguridad en la ciudad.