Hay que cortarla de raíz

Definitivamente esa condenable cultura de sacarle tajada económica a todo lo que está en las manos, no descansa ni siquiera en una situación de crisis como la que está viviendo la ciudad.

No son pocos los mensajes y correos de pequeños empresarios y comerciantes que hemos recibido en los últimos días y en los que denuncian que a las múltiples exigencias que han impuesto las autoridades sanitarias para permitir la reapertura de sus negocios, se está sumando ahora la petición de dinero por parte algunos funcionarios para agilizar los trámites que se deben cumplir, o para la rápida expedición del certificado de cumplimento de los correspondientes protocolos.

Lo que faltaba, que a las dificultades económicas a las que ha llevado a todos los empresarios el aislamiento obligatorio y a los complejos y costosos protocolos que estos tienen que cumplir para poder reabrir sus empresas, haya que agregarle ahora el costo de una coima para que los trámites de las solicitudes de apertura se surtan sin ningún inconveniente o las exigencias no se hagan más estrictas al momento de verificarlas.

Definitivamente, esa condenable cultura de tratar de sacarle tajada económica a todo lo que está en las manos, no descansa ni siquiera en una situación de crisis como la que están viviendo la ciudad y el país. Es increíble que en un momento en que la ayuda, el apoyo y la solidaridad con quienes están haciendo un esfuerzo descomunal para no cerrar sus empresas y para mantener los empleos de muchos ciudadanos, deberían ser el propósito único del Gobierno, algunos funcionarios estén viendo como cobran unos pesos por agilizar los permisos de funcionamiento de las empresas.

Los protocolos que ha impuesto el Gobierno y las exigencias para la reapertura, son necesidades insalvables que todas las empresas y establecimientos deben cumplir y ningún funcionario puede hacerlos más fáciles o más exigentes, y menos si de por medio está una dádiva o una “liga” como se le suele llamar a este odioso chantaje.

Se dirá que hasta ahora las autoridades no han recibido una sola queja formal por el cobro de una comisión por el trámite de los certificados de cumplimiento de los protocolos establecidos por el Gobierno para poder reabrir los negocios; pero hay que recordar que no es fácil que una persona denuncie al funcionario que tiene en sus manos el estudio de solicitud de apertura de su empresa.

Es urgente, pues, que la Administración Municipal le ponga atención a esta penosa situación y corte de raíz una práctica que parece estarse generalizando en la ciudad y dificultando todavía más el regreso de las empresas a sus actividades normales y la permanencia del mayor número de pereiranos en su empleo.