Antes que corregir, agrava la injusticia

Antes que corregir las inequidades cometidas en el primer decreto, lo que hizo ahora fue cometer una injusta discriminación con quienes también generan un número importante de empleos.

En su afán de responder a los ruegos y angustias de la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas del país y a los dramáticos datos de desempleo que ha reportado el DANE, el Gobierno Nacional anunció hace quince días un apoyo a las empresas para su nómina con el propósito básicamente de preservar el empleo de millones de colombianos.

Aunque la medida, por lo que explicaron tanto el presidente Duque como algunos altos funcionarios del Gobierno, no cubría la totalidad de las empresas afectadas con la crisis y dejaba por fuera un importante número de fuentes generadoras de empleo, el país la celebró porque de alguna manera les tiraba un salvavidas a miles de pequeñas empresas y establecimientos comerciales del país.

Con todas los vacíos y exclusiones que, según las aclaraciones de los funcionarios encargados del tema, tenía el decreto del Gobierno, era una norma que seguía siendo salvadora para muchas pequeñas empresas y especialmente para el empleo de muchos colombianos.

Ahora, en un evidente deseo de corregir los errores cometidos producto seguramente de la ligereza de anunciar una ayuda sin el suficiente análisis, ni sus consecuencias, ajustó la norma incluyendo a las personas naturales como posibles sujetos del beneficio del Gobierno al empleo formal.

Sin embargo, si en la primera disposición el Gobierno había sido excluyente con un sector de pequeñas empresas que generan un número muy importante de empleos, ahora con la adición no solo se cayó en similares inequidades, sino que se hace una injusta discriminación que raya en una violación de claros principios constitucionales.

La nueva norma incluye a los comerciantes personas naturales que tengan más de tres empleados formales, como posibles beneficiarios de la ayuda oficial; pero deja por fuera, sin ninguna razón, a millones de colombianos que ocupan a una y dos personas, y por las que pagan su seguridad social completa.
Además, el ajuste a la norma inicial pone como condición que los nuevos y posibles beneficiaros de la ayuda, se deben formalizar y convertir en personas jurídicas. Qué tiene de ilegal o de malo que una persona ejerza el comercio u otra actividad bajo la figura de persona natural y por qué obligarlo a cambiarse de tipo de empresa para poder acceder a un beneficio que entre otras cosas es pírrico para el momento y muy temporal.

Antes, pues, que corregir los errores y las inequidades que se cometieron con el primer decreto de apoyo para preservar el empleo, lo que hizo el Gobierno fue cometer una injusta discriminación con quienes también están generando cientos de miles de empleos, están cumpliendo con el pago de la seguridad social y están haciendo igualmente un esfuerzo inmenso por no sumarle una persona más a esa masa creciente de colombianos que todos los días se están quedando sin trabajo.

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