Si hay cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos constitucionales, o sobre actuaciones del nuevo mandatario, existen autoridades competentes para conocerlos y decidirlos.
Las elecciones presidenciales terminaron y el país conoció la decisión soberana de los ciudadanos. El propio excandidato Iván Cepeda Castro reconoció inicialmente los resultados, lo que no hizo el presidente Petro, un gesto que contribuyó a reducir la tensión política y envió un mensaje de respeto por las reglas democráticas.
Sin embargo, el posterior llamado a sus seguidores para declararse en desobediencia civil, condicionado a que el presidente electo no acceda a determinadas exigencias, representa un preocupante cambio de tono que merece una reflexión. Un liderazgo responsable no puede alimentar escenarios de confrontación cuando las instituciones ya han hablado.
Entre las condiciones planteadas figuran la renuncia del mandatario electo a su nacionalidad estadounidense, la exigencia de que aclare cualquier eventual vínculo con agencias de seguridad de ese país y el compromiso de no promover una eventual extradición del expresidente Gustavo Petro.
Más allá de la legitimidad que puedan tener las preguntas sobre cualquier funcionario público, ninguna de ellas puede convertirse en justificación para convocar al desconocimiento de la autoridad legítimamente constituida. En una democracia, las diferencias se tramitan por las vías institucionales y no mediante llamados a la desobediencia frente a un gobierno elegido en las urnas.
La desobediencia civil ha ocupado un lugar importante en la historia de las luchas por los derechos civiles y las libertades públicas. Pero su invocación exige circunstancias excepcionales, relacionadas con la existencia de regímenes opresivos o con la negación sistemática de derechos fundamentales. No puede banalizarse como un mecanismo de presión política frente a decisiones que aún ni siquiera se han producido o frente a un gobierno que todavía no inicia su mandato. Hacerlo desnaturaliza su significado y debilita la confianza en el Estado de derecho.
Todo indica que un sector de los seguidores del excandidato no quedó satisfecho con el reconocimiento de la derrota electoral. En lugar de asumir el papel que corresponde a una oposición democrática, vigilante y propositiva, algunos parecen inclinados a mantener un clima permanente de confrontación. Esa actitud profundiza la polarización y alimenta la incertidumbre en momentos en que Colombia necesita estabilidad institucional.
El debate político debe continuar, pero dentro del marco de la Constitución y la ley. Si hay cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos constitucionales, o sobre actuaciones del nuevo mandatario, existen autoridades competentes para conocerlos y decidirlos. Sustituir esos mecanismos por llamados al desconocimiento de la autoridad constituye un mensaje erróneo que ningún dirigente debería promover.
La democracia no termina el día de las elecciones; apenas comienza una nueva etapa en la que gobierno y oposición tienen responsabilidades distintas, pero igualmente importantes. La primera está llamada a gobernar para todos los colombianos; la segunda, a ejercer un control firme, serio y respetuoso de las instituciones.
