Basta recorrer las vías rurales y secundarias para encontrar extensos tramos deteriorados, obras inconclusas y comunidades que siguen esperando soluciones prometidas en el Plan de Desarrollo.
El debate de control político adelantado por la Asamblea Departamental a la Secretaría de Infraestructura de Risaralda deja más preguntas que respuestas. Cuando el manejo de los recursos públicos está en juego, lo que se exige es transparencia, verdad y resultados verificables.
Los cuestionamientos formulados por la diputada Luz Polo son de una gravedad que no admite evasivas. Si dentro de los más de 94.000 millones de pesos reportados como ejecutados se incluyeron contratos de vigencias anteriores que permanecen suspendidos, prorrogados o aún en desarrollo, la ciudadanía merece conocer con absoluta claridad cuál es la ejecución real.
No es un asunto menor. La ejecución presupuestal constituye uno de los principales indicadores de gestión y, por ello, no puede prestarse para interpretaciones que conduzcan a una percepción distinta de la realidad. La confianza pública se construye sobre cifras ciertas, no sobre balances que generen dudas.
Igualmente inquietante resulta el reporte de supuestos 1.274 kilómetros de vías intervenidos. Si más del noventa por ciento corresponde únicamente a mantenimiento rutinario y rocería, difícilmente puede transmitirse la idea de una transformación sustancial de la red vial departamental como lo ha promulgado profusamente el gobernador Patiño Ochoa. Una cosa es conservar y otra muy distinta recuperar o pavimentar.
Los habitantes de Risaralda conocen mejor que nadie el verdadero estado de las carreteras. No hacen falta complejos informes técnicos para comprobarlo. Basta recorrer las vías rurales y secundarias para encontrar extensos tramos deteriorados, obras inconclusas y comunidades que siguen esperando soluciones prometidas en el Plan de Desarrollo.
También requieren explicación las diferencias detectadas en contratos por miles de millones de pesos. Particular preocupación genera el contrato interadministrativo con la EDUR, donde se reporta una ejecución financiera del 74%, mientras algunas obras apenas registran avances físicos del 20, 15 e incluso 5%.
Las cifras financieras y el avance material de una obra deben guardar una relación lógica y plenamente justificable. Cuando ello no ocurre, corresponde a la administración disipar cualquier duda mediante información completa, verificable y respaldada documentalmente.
El Gobierno Departamental bautizó su gestión en infraestructura como “Risaralda a Toda Máquina”. Sin embargo, el panorama que hoy observan los ciudadanos parece muy distante de ese eslogan. Las imágenes de carreteras en lamentable estado publicadas por este periódico y de contratos suspendidos o no iniciados contrasta con el mensaje oficial de eficiencia y progreso.
Las respuestas ya no pueden limitarse a informes de papel ni a estadísticas discutibles. Risaralda necesita obras terminadas, carreteras transitables, cuentas claras y gobiernos que ejecuten. Porque la verdadera infraestructura no se mide por los informes que se presentan, sino por las vías que la gente puede recorrer con seguridad y dignidad.
