La semana anterior los habitantes de Villa del Prado, ante la falta de atención del gobierno municipal, se organizaron como comunidad y salieron a protestar con cacerolas y con megáfonos para que la Secretaría de Infraestructura del Municipio, hasta ese momento sorda y ausente, los atendiera y les arreglara la vía de acceso al sector.
Esta semana el turno fue para los pobladores del Barrio El Remanso en la comuna Villa Santana, quienes siguiendo el ejemplo de los residentes en Villa del Prado, salieron a la calle, taponaron la vía y le prendieron fuego a llantas y elementos combustibles, para protestar por el mismo problema de las calles en mal estado.
Según los promotores de la protesta, fueron inútiles todos los intentos de ser oídos por los funcionarios encargados de atender los problemas en las vías de la Ciudad y no tuvieron más alternativa que bloquear la vía e impedir el paso de todos los vehículos, incluyendo el transporte público.
Lo preocupante de estas protestas es que haga carrera lo que está ocurriendo en muchas regiones del país y es que los habitantes no solo han entendido que las vías de hecho son la única manera de ser oídos por las autoridades respectivas, sino que sienten que ahora tienen el respaldo y la autorización del nuevo gobierno para protestar, para bloquear las vías e inclusive, como esta ocurriendo en muchas regiones, para invadir la propiedad ajena.
Todo con un agravante y es que las autoridades parecen no estar contando con la Policía para controlar las acciones irregulares de algunos sectores de la comunidad. No de otra manera se explica que los uniformados no respondan a los insistentes llamados para que hagan presencia y pongan orden a unas actuaciones que no por entendibles dejan de estar por fuera de la ley.
Como está ocurriendo en el departamento del Cauca con la invasión de tierras privadas, aquí parece que la Policía tiene la orden superior de no atender el llamado de la comunidad y hacer caso omiso a las denuncias de ocupación del espacio público por quienes parecen sentirse autorizados por el Gobierno Nacional para recurrir a las vías de hecho cuando se trata de protestar o de reclamar sus supuestos derechos.
Están, pues, las autoridades ante dos retos bien preocupantes. El uno es la práctica cada vez más generalizada de las comunidades de usar las vías de hecho para hacer sus peticiones y el otro, la decisión de la Policía de no intervenir ante las protestas y los bloqueos callejeros, e inclusive, de acompañar esas protestas. Ojalá, esto no termine en enfrentamientos entre la mismas comunidades y en justicia por su propia mano cuando algunos sientan que otro está violando sus derechos.
