El gobierno del presidente Petro ha anunciado que tiene listo para ser radicado en el Congreso el proyecto de reforma política. La ambiciosa iniciativa, que implica un ajuste a la Carta Constitucional, contempla, según se ha dicho, desde la creación de una corte electoral, hasta cambios de fondo en la personería jurídica de los partidos políticos.
El primer gran cambio son la creación de una Corte Electoral, del Consejo Electoral Colombiano y de los Tribunales Electorales. La nueva Corte Electoral asumiría algunas de las funciones del actual Consejo Nacional Electoral como las de recibir las quejas que se presentan una vez pasados los escrutinios de las elecciones y tramitar las solicitudes de revocatoria de candidaturas; así como algunas que hoy tiene Consejo de Estado, como las de llevar las demandas de pérdida de investidura de los congresistas, y las solicitudes de suspensión o cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos.
En adelante los propuestos Consejo Electoral Colombiano y los Tribunales Electorales se encargarían de tramitar las reclamaciones presentadas después de realizadas las elecciones, funciones que hoy cumple el Consejo Nacional Electoral.
De otro lado, el proyecto cambiaría la manera como los partidos políticos obtienen la personería y la conservan. Hoy un partido necesita sacar el 3% de los votos totales para Congreso para conseguir y mantener su personería jurídica, y la iniciativa propone crear la figura de los movimientos políticos, con lo que solo necesitarían el 0.2% de esta votación para obtener el reconocimiento, lo que significaría solo cerca de 78.000 votos.
Esta última norma implicaría la aparición de decenas de movimientos políticos que hoy están arrimados a los partidos tradicionales porque no tiene el músculo electoral para obtener la votación demandada por las normas actuales, pero que con seguridad no tendrían problema en conseguir el nuevo porcentaje y en poder postular sus propios candidatos en las elecciones respectivas.
El otro gran revolcón que propone la nueva norma es la posibilidad de que los congresistas puedan cambiarse de partido sin incurrir en doble militancia, para lo cual establece un plazo de tres meses contados a partir de la aprobación de la reforma electoral. Por último, se propone que a los funcionarios elegidos por votación popular solamente la justicia pueda limitarle sus derechos y no como pasa hoy que lo puede hacer la Procuraduría General.
No se requiere ser muy experto en materia electoral para percibir que toda la reforma electoral tiene un propósito único y es reunir en un solo partido el reguero de partidos y movimientos que hoy tienen presencia en el Congreso, y darle la oportunidad a quienes no están cómodos en sus partidos poder ingresar a la nueva agrupación, de tal manera que al final, todos juntos, tengan la mayoría por si solos, tanto en el Senado como en la Cámara y no necesiten de ningún partido para aprobar todo lo que el gobierno presente. Ojalá, no sea así.
