No puede ser más preocupante el balance de las víctimas por el mal uso de la pólvora en el departamento, en los primeros días de diciembre. Cuando apenas había pasado el llamado día de las velitas y diez días del mes, ya el registro de los afectados con el letal producto doblaban los ocurridos el año pasado a la misma fecha.
Mientras en el 2020 al diez de diciembre los quemados con pólvora eran cuatro personas en el departamento, este año las autoridades ya sumaban ocho afectados. Pero lo más doloroso de este prematuro corte de cuentas es que el 25% de los afectados, uno de cada cuatro personas, es un menor de edad.
La pregunta obvia es si la fabricación, almacenamiento, distribución, venta y uso de la pólvora y de cualquier producto fabricado con esta sustancia, está prohibido sin la intervención de un experto y en condiciones que garanticen la seguridad de quienes la manipulan y de la comunidad, ¿por qué todo el que quiera quema pólvora?
Qué tan difícil le queda a las autoridades averiguar en qué parte compran el peligroso producto las personas que cada noche queman en todos los rincones de la ciudad, decenas de volcanes, de voladores, de chorrillos, de papeletas, de culebras y de toda clase de productos de esta naturaleza, para verificar que cumplan con las normas expedidas para el efecto.
La sensación que queda después de escuchar y ver la seguidilla de detonaciones y de luces que se observan en distintos sectores de la ciudad, es que la pólvora es un producto permitido, que cualquiera, incluidos los niños, puede comprarlo en la tienda de la esquina y lo puede quemar en la puerta de la casa, sin ninguna precaución y mucho menos restricción, y que esto poco le importa a las autoridades.
Solamente cuando hay una tragedia y alguna persona resulta quemada, la Policía y las autoridades concurren al lugar de los hechos y cuando más preguntan qué paso, de resto ni atienden los llamados de alguna persona que, preocupada por lo que está viendo al frente de su casa, trata de advertir lo que puede pasar, ni mucho menos hacen alguna labor de vigilancia y control al mal uso de la pólvora.
Ahora, en qué han quedado las advertencias de castigo a los padres de familia que por su negligencia y descuido sus hijos menores han resultado afectados con pólvora. Que se sepa jamás se ha impuesto una sanción por esta causa a pesar de que cada año muchos niños han sufrido los indecibles efectos de la pólvora.
Es urgente revisar las campañas y las estrategias que las autoridades departamental y municipales están adelantando para controlar la venta indiscriminada de pólvora y el mal uso de este producto. Risaralda no puede seguir sumando quemados sin que nadie haga algo para evitarlo y para castigar a quienes no observan las normas vigentes y no cumplen con sus obligaciones de padre.
