En su visita a la Ciudad la semana pasada, el registrador Nacional del Estado Civil volvió a recordar a quienes les está permitido hacer publicidad política desde ahora y en qué condiciones la pueden hacer, y reiteró la obligación de las autoridades de retirar aquella que no cumpla con lo establecido en las normas electorales sobre el tema.
Dice la ley que a los grupos significativos de ciudadanos les está permitido hacer publicidad desde el momento que son reconocidos en la registraduría, pero únicamente para promover la recolección de firmas y en ningún momento para promocionar la candidatura de una persona a la alcaldía de una ciudad o a la gobernación de un departamento.
Y añade la norma que la publicidad que aparezca y que promueva un nombre determinado para la alcaldía de un municipio o para la gobernación debe ser retirada inmediatamente por la administración de la respectiva localidad e impuestas las sanciones que para el caso tiene previsto la ley.
Si hay tanta claridad en la norma y si el Registrador Nacional ha vuelto a disipar cualquier duda que pueda haber o cualquier interpretación que se le pueda dar a la ley, ¿por qué entonces ya hay en la ciudad varias vallas, cientos de mensajes en las redes sociales y no poca publicidad en vehículos, de personas promoviendo con nombre propio sus candidaturas a la alcaldía o la gobernación del departamento?
¿Por qué estas personas se burlan de frente de la ley electoral y no pasa nada? Por qué no hay una autoridad que retire de inmediato estos anuncios y le impongan con toda severidad las sanciones correspondientes, no solo a los candidatos que violaron la ley sino a las personas o empresas que, a sabiendas de estar haciendo lo no permitido, les hacen el juego a estos avivatos.
Entre otras cosas, sanción que también debían imponer los ciudadanos a aquellos candidatos que a sabiendas que les es prohibido hacer publicidad distinta a la de promover la recolección de firmas para el grupo de ciudadanos que los respalda, la hacen aprovechando una mala interpretación de la norma; porque quien le hace trampa a la ley cuando es candidato, con seguridad se la hará cuando sea alcalde o gobernador.
Una persona que le miente al electorado, no merece el apoyo de los ciudadanos y quien vote por él tendrá que estar segura que en algún momento ese candidato la va a defraudar. Quien se presenta con engaños ante los electores cuando es candidato, los seguirá engañando cuando sea su alcalde o su gobernador.
De todas maneras, parece ser necesario revisar la norma que permite la publicidad anticipada a los grupos significativos de ciudadanos, porque es evidente que por ahí se le está haciendo conejo a la ley. No de otra manera se explica que, como lo corroboró el Registrador Nacional, hoy haya en el país más de 500 grupos inscritos, en campaña y sus candidatos haciendo publicidad tranquilamente.
