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domingo, junio 26, 2022

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En qué queda el ordenamiento jurídico si las órdenes de cumplimiento de las decisiones judiciales están sometidas al criterio de conciencia de los funcionarios encargados de cumplirlas.

Opiniones encontradas ha causado la actitud de un patrullero de la Policía en Cali, quien aduciendo que se trataba de un abuso y una violación de los derechos humanos, se negó a cumplir una orden de desalojo de ocho familias en un barrio marginado de esa capital, dada por un juez de la República.

Algunas voces provenientes de organizaciones de derechos humanos, de instituciones para la defensa de la comunidad y de sectores de izquierda, han salido en defensa de la decisión del patrullero y dicho que no puede ser sancionado porque lo que tuvo fue un gesto humanitario con los habitantes de esa comunidad, e inclusive hubo actores de la vida nacional, como un grupo de congresistas de la bancada alternativa, que presentó una proposición en la que le pide al Congreso condecorar al uniformado.

Por el otro lado, hay personas, sectores de la academia y grupos de profesionales que piensan que si bien el momento escogido para el desalojo no era oportuno por la crisis social que ha generado la pandemia, el patrullero no podía desconocer una orden que primero venía de una autoridad investida legalmente del poder para dictar la orden de desalojo y segundo, protegía los derechos los derechos igualmente constitucionales de otras personas.

La ley contempla el derecho que tiene toda personas a la objeción de conciencia por razones éticas o religiosas, para no cumplir una orden superior. Sin embargo, no parece este el caso del policía que se negó a cumplir una orden de un juez par desalojar unas personas que habían invadido una propiedad privada.

En qué queda la ley y el ordenamiento jurídico si las órdenes de cumplimiento de las decisiones judiciales están sometidas al criterio de conciencia de la Fuerza Pública o de los funcionarios encargados de cumplirlas. Qué tal que las órdenes de detención, o de allanamiento a un lugar donde se comercializa droga, o de restablecimiento de un derecho cualquiera, o de cierre de un establecimiento que esta explotando menores de edad, o de decomiso de una mercancía de contrabando, o de la inmovilización de una vehículo donde se cometió un delito, o de aprensión de un delincuente que fue sorprendido en flagrancia, fuera sometida al criterio de los agentes de los funcionarios encargados de ejecutarlas.

El patrullero de la Policía es un funcionario público que tiene la obligación de obedecer y cumplir, sin discusión alguna y menos sometiéndolas a su criterio de justicia, las órdenes que se le dan, son pena, como en este caso, de ser investigado y sancionado por desacato a la autoridades, conforme a las normas que lo cobijan.

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