Habrá otro país que en medio de semejante desbarajuste económico, de los contagios subiendo desbocadamente cada día, de la gente haciendo cola en las puertas de los hospitales en busca de atención, de las UCI al tope, del desempleo otra vez en acelerado crecimiento, de miles de empresas nuevamente en situación de cierre, de protestas de todo tipo ante los anuncios del Gobierno de medidas más drásticas y de una incertidumbre generalizada por lo que está pasando y por lo que viene, que esté pensando en llenar de nuevos impuestos a las empresas y a los ciudadanos, no lo creemos.
Claro que un esfuerzo presupuestal del tamaño que han sido la atención de los efectos de la pandemia, los costos de ampliar y mejorar la capacidad hospitalaria y las salas especializadas para la atención de enfermos graves de Covid, el apoyo a las personas que se quedaron sin empleo, la entrega de subsidios para las familias han quedado en situación de extrema pobreza, la aprobación de líneas de crédito blandas para fondear las entidades financieras y la compra de vacunas para tratar de cortar el avance de los contagios; requiere de una estrategia que permita suplir los mayores costos y recuperar el equilibrio fiscal.
Sin embargo, hay otras maneras distintas a elevar los impuestos de las empresas que aún quedan vivas, a ponerle IVA a los productos básicos de la canasta familiar, a aplicarle una doble tributación a los pensionados, a poner en situación de desigualdad a los productos nacionales frente a los importados, a volver inviable económicamente la situación de los contratistas y trabajadores independientes, a suspenderle los beneficios a quienes hacen el esfuerzo de adquirir una vivienda y a quitarle los estímulos al ahorro y la inversión.
La Andi ha propuesto, por ejemplo, no tocar el IVA y a cambio suspender el descuento del ICA en el impuesto sobre la renta durante el tiempo que indique el marco fiscal, aplazar la disminución progresiva de la tarifa general del impuesto de renta y vender algunos activos que podrían representar ingresos por quince billones de pesos.
De otro lado la inmensa mayoría de los estudiosos del tema coincide en que es necesario un plan de austeridad en el gasto que le permita subsanar el déficit fiscal producto de la pandemia y ahorrar un dinero importante que pueda ser destinado a cubrir los costos de los programas de apoyo a la población más afectada; y orientar todos los esfuerzos a reducir la evasión y la elusión fiscal.
Es entendible, pues, la necesidad del Gobierno de buscar los recursos que le permitan atender los altos costos de la pandemia; pero no es el momento para buscarlos gravando la Canasta Familiar, imponiéndole una doble tributación a los pensionados, cargándole la mano a los trabajadores independientes y poniendo en desventaja los productos nacionales frente a los importados, si es que de verdad no se quiere más empresas cerradas, más empleos perdidos y más colombianos aguantando hambre.
